Los estados de Texas y Misuri demandaron el pasado 13 de abril que la administración del gobernante Joe Biden restablezca el programa Quédate en México que, durante el gobierno de su predecesor, Donald Trump, obligó a unos 70 mil migrantes a aguardar procesos de asilo en ciudades de la frontera mexicana. De acuerdo con los fiscales generales de Texas, Ken Paxton, y de Misuri, Eric Schmidt, fue un “exitoso” programa de colaboración con México, que el presidente Biden suspendió “por decisión arbitraria y caprichosa” durante las primeras horas de su gobierno.
“El programa Quédate en México sirvió como herramienta indispensable en los esfuerzos de Estados Unidos, trabajando en cooperación con los gobiernos de México y otros países, para abordar la crisis migratoria al disminuir los incentivos para la inmigración ilegal”, sostiene el encauzamiento. Según ambos fiscales, también fue un programa que se usó para “debilitar a los cárteles de las drogas y a los traficantes de personas y permitió que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) concentrara mejor sus recursos en las solicitudes de asilo legítimas”.
En la demanda que presentaron conjuntamente en la corte federal en Amarillo, Texas, ambos fiscales dijeron que Quédate en México también sirvió para “detener una gran afluencia de extranjeros que llegaban a la frontera sin una base legal para su admisión”. Se trata de la tercera demanda contra la administración de Biden. El lunes pasado se dio a conocer que el fiscal de Arizona, Mark Brnovich, también demandó al gobierno estadunidense por frenar la construcción del muro fronterizo y la aplicación de Quédate en México.
En enero del 2019, la administración de Trump implementó el programa unilateralmente y posteriormente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo aceptó “por razones humanitarias”. El programa, también conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), terminó el 20 de enero, el día en que el demócrata Joe Biden asumió el cargo.
Cuando todo el programa se suspendió causa de la emergencia sanitaria, en marzo de 2020, Biden calculó que hasta 25,000 migrantes tenían procesos pendientes de MPP. Desde entonces, el programa quedó en manos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que ha elegido a los migrantes que continúan sus procesos en EU.