La operación federal denominada "Midway Blitz", desplegada en Chicago desde septiembre de 2025 por orden del presidente Donald Trump, ha resultado en la detención de más de mil migrantes, según reportes del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC).
La medida ha generado preocupación entre organizaciones civiles, abogados y autoridades locales, quienes denuncian violaciones al debido proceso, traslados forzados fuera del estado y una expansión acelerada del sistema de detención migratoria en el Medio Oeste de Estados Unidos.
Las detenciones se han concentrado en vecindarios de Chicago y localidades cercanas, con operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Ante la prohibición legal en Illinois de contratar cárceles privadas para fines migratorios, ICE ha comenzado a trasladar a los detenidos al Centro Correccional del condado de Miami, una prisión de máxima seguridad ubicada en Indiana.
- Según el NIJC, al menos 40 personas fueron enviadas a ese centro hasta el 2 de octubre, y se prevé que más de 100 migrantes sean alojados allí en los próximos días. La directora de servicios legales del NIJC, Lisa Koop, expresó su preocupación por las condiciones del centro, comparándolo con el "infame campo de detención de Alligator Alcatraz" en los Everglades, Florida.
Además del uso de instalaciones estatales, ICE ha ampliado contratos con cárceles de condado en todo el Medio Oeste y ha activado la base militar de Camp Atterbury en Franklin, Indiana, como punto de procesamiento migratorio. Activistas denuncian que estas acciones aumentan la capacidad de detención sin garantizar condiciones dignas ni acceso legal adecuado.
En Broadview, Illinois, un antiguo centro de procesamiento migratorio ha sido reactivado, provocando protestas diarias por parte de organizaciones locales. Las instalaciones, según los manifestantes, no cuentan con dormitorios, servicios higiénicos ni alimentación adecuada, y se utilizan como puntos de concentración antes de la deportación.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que establece "zonas libres de ICE" en propiedades municipales, prohibiendo el uso de estacionamientos y terrenos públicos para operativos migratorios. La medida busca proteger a comunidades vulnerables ante lo que ha calificado como una "militarización injustificada" de la ciudad.
El NIJC ha iniciado visitas legales a los centros de detención para garantizar que los migrantes conozcan sus derechos, tengan acceso a representación legal y puedan luchar por su liberación. La organización también ha solicitado transparencia en los procesos de traslado y detención, así como garantías mínimas de trato humanitario.