El gobierno de Estados Unidos presentó cargos formales contra el expresidente cubano Raúl Castro, a quien acusa de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización "Hermanos al Rescate" ocurrido el 24 de febrero de 1996.
La acusación fue presentada ante una corte federal del sur de Florida y revive uno de los episodios más tensos en la relación entre Estados Unidos y Cuba tras el fin de la Guerra Fría.
De acuerdo con fiscales estadounidenses, cuando ocurrió el ataque Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y habría autorizado la operación militar que terminó con el derribo de las aeronaves civiles sobre aguas internacionales.
En el ataque murieron cuatro integrantes de la organización:
- Carlos Costa
- Armando Alejandre Jr.
- Mario de la Peña
- Pablo Morales
Tres de ellos eran ciudadanos estadounidenses y uno residente permanente en EU.
"Hermanos al Rescate" era un grupo de exiliados cubanos en Miami que realizaba vuelos para localizar y auxiliar a balseros cubanos en el estrecho de Florida. El gobierno cubano acusaba a la organización de violar reiteradamente el espacio aéreo de la isla y de realizar actividades provocadoras.
Investigaciones internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional concluyeron en su momento que las avionetas fueron destruidas por cazas MiG cubanos y que al menos una de ellas fue atacada en espacio aéreo internacional, lo que provocó una fuerte condena internacional contra La Habana.
Autoridades estadounidenses señalaron que el caso permaneció abierto durante décadas y que nuevas revisiones judiciales permitieron avanzar con la imputación formal contra el exmandatario cubano.
Funcionarios republicanos de Florida y representantes del Departamento de Justicia afirmaron que la medida busca "hacer justicia" para las familias de las víctimas y enviar un mensaje contra la impunidad en crímenes contra ciudadanos estadounidenses.
Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una postura oficial amplia sobre la acusación, aunque en ocasiones anteriores ha defendido la actuación militar de 1996 argumentando que las aeronaves violaban la soberanía cubana.
Analistas internacionales consideran que la imputación podría aumentar nuevamente las tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana, especialmente en medio del endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba.