A menos de 24 horas de que expirara el plazo, los demócratas del Senado y la Casa Blanca lograron un acuerdo para evitar un cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos por la falta de presupuesto.
El Senado debe aprobar antes de la medianoche del viernes seis proyectos de gasto por un total de 1.3 billones de dólares, equivalentes a cerca del 75% del gasto federal.
Entre los rubros contemplados se encuentra un aumento al presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que recibiría alrededor de 64 mil millones de dólares.
Este organismo, encabezado por la secretaria Kristi Noem, tiene bajo su mando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, corporaciones que han desplegado operativos en ciudades como Minneapolis, donde se han denunciado redadas masivas y tácticas agresivas contra migrantes indocumentados.
Como parte del acuerdo, se decidió separar el proyecto presupuestal del DHS del resto del paquete financiero. Los legisladores pactaron mantener su financiamiento por al menos dos semanas, con el fin de evitar que el departamento se quede sin recursos mientras continúan las negociaciones.
El presidente Donald Trump celebró el entendimiento a través de su red social Truth, donde aseguró que republicanos y demócratas han unido esfuerzos para financiar la mayor parte del gobierno hasta septiembre y extender el presupuesto del DHS, incluida la Guardia Costera.
El mandatario afirmó que trabaja de manera estrecha con el Congreso para garantizar que el gobierno continúe operando sin interrupciones.
Trump intervino directamente en las conversaciones luego de que el diálogo se tensara por la exigencia demócrata de reformar el Departamento de Seguridad Nacional, tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que fue asesinado en Minneapolis por agentes federales el sábado pasado.
Los demócratas han demandado cambios para frenar la presunta impunidad de algunos elementos del ICE y la Patrulla Fronteriza, entre ellos el uso obligatorio de cámaras corporales, identificación visible, la prohibición de portar máscaras y la exigencia de órdenes judiciales para ingresar a propiedades privadas.
Ambos partidos buscan evitar repetir el cierre gubernamental ocurrido el otoño pasado, el más prolongado en la historia del país, que se extendió por 43 días y dejó a cientos de dependencias federales parcialmente cerradas, miles de empleados sin salario y numerosos servicios públicos suspendidos.
Pese al acuerdo alcanzado, aún existe el riesgo de un cierre parcial, aunque sea temporal, ya que cualquier modificación al paquete presupuestario debe ser avalada nuevamente por la Cámara de Representantes, la cual no tiene sesiones programadas hasta el lunes.
- Además, algunos legisladores republicanos han expresado reservas ante los incrementos de gasto, lo que podría complicar la aprobación final.