- Por segunda ocasión en menos de dos meses, la jueza federal Jia M. Cobb, designada por el presidente Joe Biden, frenó a la administración Trump en su intento de aplicar una política que obligaba a los legisladores a dar aviso con siete días de anticipación antes de visitar instalaciones de detención de inmigrantes operadas por ICE. La magistrada consideró que la versión revisada de la medida seguía siendo inadecuada y contraria a la ley.
La demanda fue presentada en julio por la congresista Verónica Escobar, demócrata de El Paso, junto con otros legisladores de su partido, tras ser bloqueada en dos visitas de supervisión a centros de detención en Texas. Escobar y la ACLU han denunciado que las condiciones en la instalación Camp East Montana son "peligrosas e inhumanas".
- El fallo ocurre en un contexto de creciente preocupación: en 2026 se han registrado seis muertes en centros de ICE, tres de ellas en Camp East Montana, inaugurado en agosto de 2025 y considerado el más grande del país, con capacidad para 5 mil detenidos. Una de las muertes, la del cubano Geraldo Lunas Campos, fue catalogada como homicidio por el forense del condado de El Paso.
La jueza Cobb señaló que la política violaba disposiciones legales que prohíben usar fondos del Departamento de Seguridad Nacional para limitar la supervisión del Congreso. Aunque el fallo es temporal y será revisado en dos semanas, por ahora restaura la facultad de los legisladores para realizar inspecciones sorpresa.
La administración Trump argumentó que podía imponer la restricción gracias a recursos de la llamada Ley One Big Beautiful Bill, que destinó miles de millones de dólares a ICE. Sin embargo, Cobb concluyó que el Gobierno no demostró que dejara de usar fondos sujetos a las condiciones de supervisión del Congreso.
Organizaciones como Democracy Forward y American Oversight celebraron la decisión, destacando que garantiza transparencia y permite al Congreso exponer abusos y condiciones peligrosas en los centros de detención. Para los legisladores, las visitas sin previo aviso son esenciales para verificar el uso de recursos públicos y el trato a los migrantes.
El caso se originó en junio, cuando varios congresistas demócratas fueron rechazados en instalaciones de ICE en distintos estados. Desde entonces, la jueza ha bloqueado en dos ocasiones la política restrictiva, subrayando que negar la supervisión legislativa constituye un "daño irreparable" para el Congreso y para la rendición de cuentas en materia de derechos humanos.