Una jueza federal de Estados Unidos determinó este miércoles bloquear de manera definitiva la mayor parte de una orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump que buscaba modificar diversos aspectos del sistema electoral del país.
- Entre las medidas más controvertidas se encontraba la exigencia de que los ciudadanos presentaran documentos que acreditaran su ciudadanía estadounidense al momento de registrarse para votar.
La resolución fue emitida por la jueza Denise Casper, integrante del Tribunal Federal de Distrito en Boston, quien con este fallo convierte en permanente una medida cautelar que había impuesto previamente para suspender la aplicación de dichas disposiciones mientras se analizaba su legalidad.
La magistrada rechazó los argumentos presentados por el gobierno federal, que sostenía que la demanda promovida por fiscales generales de varios estados gobernados por demócratas era anticipada, debido a que las reformas electorales aún no habían entrado en vigor.
Sin embargo, Casper consideró que existían fundamentos suficientes para intervenir y evitar la implementación de medidas que, a su juicio, excedían las facultades presidenciales.
En su decisión, la jueza subrayó que la Constitución de Estados Unidos asigna a los estados y al Congreso la responsabilidad principal de establecer las reglas que rigen los procesos electorales.
Por ello, concluyó que las acciones impulsadas por Trump invadían competencias que no corresponden al Poder Ejecutivo y vulneraban el principio de separación de poderes establecido por la Carta Magna.
"La Constitución no otorga al presidente ninguna autoridad específica sobre la administración de las elecciones", señaló Casper en su resolución, al justificar la decisión de impedir la entrada en vigor de las disposiciones cuestionadas.
Además de exigir pruebas documentales de ciudadanía para el registro de votantes, la orden ejecutiva contemplaba otras modificaciones significativas al sistema electoral.
Entre ellas, se proponía impedir que fueran contabilizadas las boletas enviadas por correo que llegaran después del Día de las Elecciones, incluso si contaban con un matasellos que demostrara que habían sido enviadas dentro del plazo legal.
Asimismo, la iniciativa planteaba sanciones económicas para los estados que decidieran no acatar las nuevas directrices federales, incluyendo la posibilidad de retener determinados fondos otorgados por el gobierno federal.
La decisión judicial representa un revés importante para los intentos de la administración Trump de reformar las normas electorales mediante acciones ejecutivas, al reafirmar que cualquier cambio sustancial en la organización de los comicios debe ajustarse a los límites constitucionales y respetar las atribuciones de los estados y del Congreso.