La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela informó este lunes que inutilizó ocho aeronaves en el estado Amazonas, al sur del país y en zona fronteriza con Brasil y Colombia, las cuales presuntamente estaban relacionadas con actividades de narcotráfico y violaban la normativa del espacio aéreo venezolano.
A través de su cuenta oficial de Instagram, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, señaló que la operación se realizó en el municipio Alto Orinoco, en un área limítrofe con Brasil, donde también fueron localizados y desmantelados cuatro campamentos clandestinos.
- De acuerdo con el funcionario, las aeronaves operaban desde pistas ilegales, lo que representa una violación grave a la legislación nacional. Precisó además que ninguna de las naves contaba con plan de vuelo, sistemas de identificación, transpondedores, equipos de comunicación ni autorizaciones oficiales para desplazarse dentro del territorio venezolano.
Hernández Lárez afirmó que el país no permitirá ser utilizado como base ni corredor para el crimen organizado internacional, reiterando que Venezuela no produce, procesa ni facilita el tránsito de sustancias ilícitas.
En una acción adicional, efectivos militares destruyeron otra aeronave en el estado Apure, al oeste del país y colindante con Colombia, la cual tampoco tenía permisos ni registro de vuelo válidos, informó el mismo comandante.
Con estas acciones, la FANB suma un total de 39 aeronaves destruidas en lo que va de 2025, según cifras oficiales.
Las autoridades venezolanas han reforzado sus operaciones de defensa tras el despliegue aeronaval ordenado por Estados Unidos en el mar Caribe, cercano a aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Caracas considera esta medida una amenaza y un intento de injerencia política.
El gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, no reconoce la legitimidad del presidente Nicolás Maduro y lo acusa de encabezar una presunta red conocida como el Cartel de los Soles, señalamiento que el Gobierno venezolano ha rechazado, calificándolo como infundado.