El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió con firmeza a las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos, asegurando que en la isla no existen activos ni propiedades sujetas a protección bajo jurisdicción estadounidense, por lo que consideró infundadas las acusaciones y medidas adoptadas desde Washington.
- A través de un mensaje difundido en la red social X, el mandatario cubano afirmó que, bajo la conducción del Partido Comunista, así como del Estado, el Gobierno y las instituciones militares del país, no existen bienes o intereses económicos que puedan ser objeto de sanciones o reclamaciones por parte de autoridades estadounidenses.
Díaz-Canel sostuvo que la administración estadounidense tiene pleno conocimiento de esta situación y, según señaló, carece de pruebas para sustentar sus señalamientos. En ese sentido, acusó a Washington de recurrir a una narrativa hostil contra Cuba con el objetivo de justificar una intensificación de las sanciones económicas impuestas a la isla.
El jefe de Estado señaló que este discurso responde a una estrategia política basada en la confrontación y afirmó que su propósito es sostener una política de presión máxima destinada a debilitar a la nación caribeña.
Asimismo, reiteró que el gobierno cubano continuará denunciando ante la comunidad internacional lo que calificó como un bloqueo económico "genocida", al considerar que su verdadero objetivo es asfixiar económicamente al pueblo cubano y limitar severamente sus posibilidades de desarrollo.
El mandatario también criticó duramente las órdenes ejecutivas impulsadas desde Estados Unidos que, según explicó, buscan impedir que terceros países o empresas comercien libremente con Cuba, particularmente en sectores esenciales como el suministro de combustible.
De acuerdo con Díaz-Canel, estas disposiciones no solo afectan las relaciones bilaterales, sino que además extienden de forma extraterritorial las restricciones económicas hacia empresas extranjeras interesadas en invertir o mantener vínculos comerciales con la isla.
Entre las principales afectaciones mencionó obstáculos para la adquisición de productos básicos como alimentos, medicamentos, artículos de higiene y otros insumos esenciales para la población.
El presidente cubano calificó estas medidas como inmorales, ilegales y criminales, al considerar que representan una forma de castigo colectivo contra toda la ciudadanía.
Finalmente, sostuvo que estas acciones constituyen un acto que debe ser condenado por organismos internacionales y llamó a que sus promotores enfrenten responsabilidades legales por las consecuencias humanitarias derivadas de dichas políticas.