En medio de un clima de fuerte tensión social y a pocas horas de que inicie un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo y las dos centrales de trabajadores de Argentina con el respaldo del sector transporte y múltiples gremios.
- Se intensificaron los cuestionamientos del sector periodístico hacia decisiones recientes del gobierno del presidente Javier Milei.
Las medidas, señalan organizaciones de prensa, no solo dificultan el ejercicio libre del trabajo informativo, sino que además trasladan a reporteros, fotógrafos y camarógrafos la responsabilidad sobre los riesgos que puedan enfrentar durante coberturas.
Según denuncias del sector, en los últimos meses periodistas han sido objeto de acciones represivas por parte de fuerzas de seguridad, que han recurrido al uso de gas pimienta, balas de goma, golpes y detenciones, dejando múltiples personas lesionadas.
Entre los casos más graves se encuentran dos fotógrafos heridos: uno perdió la visión de un ojo y otro continúa recuperándose tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno dirigida a su cabeza, hecho por el que un agente de gendarmería se encuentra imputado.
Ante este escenario, la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina emitió un pronunciamiento en rechazo a un documento oficial titulado "Medidas de seguridad para la Prensa Operativo Congreso", elaborado por el Ministerio de Seguridad Nacional.
La organización advirtió que estas disposiciones generan un efecto intimidatorio sobre el trabajo periodístico y, al mismo tiempo, deslindan al Estado de su obligación de garantizar la integridad de los profesionales de la información durante coberturas de manifestaciones.
ACERA sostuvo que el contenido del documento implica trasladar la responsabilidad de la seguridad a los propios comunicadores, lo que según la asociación contradice las funciones que la Constitución y las leyes asignan a las autoridades encargadas del orden público.
Además, advirtió que cualquier restricción al trabajo de periodistas en marchas o protestas no solo limita el derecho a informar, sino que también afecta el derecho de la sociedad a recibir información oportuna y veraz.
La organización también recordó que organismos internacionales, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas.
Han establecido que en contextos de alta conflictividad social corresponde al Estado brindar la mayor protección posible a periodistas y trabajadores de medios.
En ese sentido, subrayó que garantizar la libertad de expresión implica adoptar medidas activas para asegurar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo, especialmente en coberturas de interés público como las protestas sociales.
La imposición de restricciones amplias o desproporcionadas, advirtió, constituye una afectación directa tanto al derecho a expresarse como al acceso ciudadano a la información, pilares esenciales de cualquier sistema democrático.
Finalmente, ACERA llamó al Ministerio de Seguridad Nacional a revisar el contenido de sus directrices y ajustarlas a estándares constitucionales e internacionales en materia de libertad de prensa y protección de periodistas.
La organización recordó que, desde el inicio de la actual administración, ha emitido diversos comunicados denunciando abusos y promoviendo la solidaridad con reporteros, fotógrafos y camarógrafos afectados por operativos de seguridad durante manifestaciones.