El más alto tribunal administrativo de Francia estudiará el viernes su primera demanda colectiva contra el Estado, por una presunta elaboración de perfiles raciales por parte de la policía y puede que el proceso dé forma al futuro activismo social.
Seis organizaciones de derechos humanos sostienen que la policía discrimina sistemáticamente, especialmente a los jóvenes árabes y negros, a la hora de decidir a quién detener en las patrullas rutinarias.
Si tienen éxito, podrían abrir el camino a amplias impugnaciones legales similares en un país donde el activismo ha adoptado tradicionalmente la forma de protesta directa y donde las demandas colectivas no fueron posibles hasta 2014 y siguen siendo poco frecuentes.
El caso, respaldado por declaraciones de 40 víctimas y de la policía, pide al Consejo de Estado que exija al gobierno reformas concretas, como limitar los poderes de la policía para comprobar el DNI y exigir un registro de los controles.
Policías investigados
- El gobierno y la policía ya se encuentran bajo escrutinio después de que un agente matara a tiros a Nahel, un adolescente de ascendencia norteafricana, durante un control de tráfico en junio, lo que ha hecho estallar un resentimiento largamente latente entre las comunidades urbanas de inmigrantes.
El Ministerio del Interior no respondió a una solicitud de comentarios, pero ya ha declarado anteriormente que "la elaboración de perfiles étnicos por parte de las fuerzas del orden está prohibida" y que el racismo en la policía no es sistémico.
Sin embargo, Francia limita el uso de estadísticas sobre raza y etnia y expertos dicen que ya no puede hacer la vista gorda a las acusaciones de grupos de derechos humanos de que el racismo tiñe el reclutamiento, la formación, la doctrina y la práctica de la policía.
Desde 2016, Francia ha pagado indemnizaciones a particulares en tres casos en los que se determinó que los controles de identidad de la policía habían sido discriminatorios.