La unidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos encargada de investigar y procesar posibles abusos de las fuerzas del orden incluidas acciones relacionadas con operativos contra la inmigración ilegal en Minneapolis.
Ha perdido cerca de dos tercios de su personal y recibió instrucciones de limitar las pesquisas por uso excesivo de la fuerza, revelaron a Reuters fuentes cercanas a su funcionamiento.
Esta área, que históricamente ha tenido un papel clave en la revisión de casos a nivel nacional donde agentes podrían haber vulnerado derechos civiles.
Ha visto reducida de forma considerable su capacidad operativa debido a la salida de funcionarios y a nuevas directrices implementadas durante la administración del presidente Donald Trump, las cuales acotan su ámbito de acción, según relataron siete exintegrantes de la sección.
De acuerdo con tres personas con conocimiento directo de su plantilla, el número de litigantes pasó de alrededor de 40 antes del inicio del actual gobierno a poco más de una docena en la actualidad. Además, sólo permanecen dos supervisores en funciones, cuando anteriormente eran cerca de siete.
Exabogados del Departamento de Justicia la mayoría bajo anonimato por temor a represalias manifestaron preocupación sobre la posibilidad de que la unidad pueda llevar a cabo investigaciones profundas en casos recientes, entre ellos las muertes de Renee Good y Alex Pretti durante intervenciones de agentes federales de inmigración en Mineápolis el mes pasado.
- La dependencia confirmó que indaga el caso de Pretti, pero no el de Good.
Según estos testimonios, al inicio del actual gobierno se comunicó al personal que las investigaciones contra agentes del orden se limitarían a situaciones de extrema gravedad, como fallecimientos bajo custodia o agresiones sexuales. En la mayoría de los demás casos, señalaron, la responsabilidad recaería en autoridades estatales y locales.