San Salvador, 2 de agosto de 2025. La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, discute una profunda reforma constitucional que abriría la vía a la reelección presidencial indefinida, ampliaría el período presidencial de cinco a seis años y eliminaría la segunda vuelta electoral.
La propuesta fue presentada con dispensa de trámite, lo que permite aprobarla de forma expedita, sin un proceso de deliberación extendido ni consultas públicas, y cuenta con el respaldo de 57 de los 60 diputados.
UN NUEVO MARCO DE PODERLa iniciativa contempla cambios a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Entre sus puntos más controversiales está:
- La supresión de las restricciones a la reelección
- El establecimiento de una mayoría simple para ganar la presidencia —es decir, sin necesidad de superar el 50 % de los votos—
- Y la unificación del calendario electoral para que los comicios presidenciales, legislativos y municipales se celebren en una misma jornada
La diputada Ana Figueroa, vocera de Nuevas Ideas, defendió la propuesta como una forma de fortalecer la voluntad popular:
Señaló durante la sesión legislativa.
Añadió.
Uno de los puntos clave es que el mandato actual del presidente Nayib Bukele, que inició el 1 de junio de 2024, se reduciría dos años —finalizando en 2027 y no en 2029— con el objetivo de sincronizarlo con el nuevo calendario electoral.
RUTA YA CONOCIDA EN AMÉRICA LATINA
Con esta reforma, El Salvador se encamina hacia un modelo de continuidad presidencial similar al que han adoptado otros gobiernos de la región, particularmente Nicaragua, donde el control político del oficialismo ha permitido transformar el orden constitucional para consolidar el poder.
En enero de 2025, el Parlamento nicaragüense aprobó una reforma que permitió a Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, convertirse en copresidentes, eliminando la figura del vicepresidente tradicional y centralizando el poder ejecutivo, legislativo y judicial en un solo bloque político.
Además, la reforma estableció que Nicaragua es un Estado "revolucionario y socialista", incorporando símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como emblemas nacionales, borrando de facto la división entre partido y Estado.
CRÍTICAS Y PREOCUPACIONESEn el caso salvadoreño, diversos sectores nacionales e internacionales han expresado preocupación por el avance de estas reformas.
La Sala de lo Constitucional, que en 2021 habilitó la reelección inmediata en El Salvador, fue nombrada de forma exprés por la Asamblea Legislativa tras la destitución de los magistrados anteriores, una acción que fue duramente cuestionada por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch.
La comunidad internacional ha advertido que los procesos de reforma constitucional sin un debate abierto y plural pueden derivar en prácticas autoritarias. En palabras de José Miguel Vivanco, exdirector para las Américas de HRW:
¿NUEVO MODELO O VIEJO PATRÓN?
El paralelismo entre los casos de El Salvador y Nicaragua es cada vez más evidente: ambos comparten una fuerte centralización del poder, un discurso de legitimidad basado en el respaldo popular y el uso de mecanismos legales para reformar el andamiaje institucional a favor del oficialismo.
Si la reforma salvadoreña es aprobada en los próximos días, marcará un nuevo hito en la concentración del poder presidencial en América Latina.
Bukele, cuya popularidad sigue siendo alta en el país, consolidaría un entorno legal que le permitiría permanecer en el poder por tiempo indefinido, siempre que mantenga el control legislativo y el respaldo de la Corte Suprema.
Aún está por verse si esta ruta derivará en mayor estabilidad institucional o, por el contrario, en una progresiva erosión de los contrapesos democráticos. Por ahora, el futuro político de El Salvador se reescribe desde el Congreso, con escasa oposición y con la mirada internacional atenta.