El informe que determina las bases de la futura Ley Contra el Consumo de Alcohol en Menores, realizada en España y que fue validado la pasada semana en el Senado y está a la espera de su aprobación por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, incluye que se sancione a los padres de los menores que beban, y, en caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor.
Además este escrito propone prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública (botellón) salvo terrazas o áreas autorizadas y unificar criterios; revisar los impuestos especiales de todas las bebidas y establecerlos en relación con la cantidad de alcohol puro que contiene cada una de ellas; y limitar la publicidad, promoción y patrocinio en vía pública estableciendo un perímetro en torno a las cercanías de lugares destinados a menores o frecuentados habitualmente por ellos.
El informe, que parte de que "los últimos datos de consumo de alcohol por menores son preocupantes", muestra como "objetivo primordial" retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años e incrementar la percepción social del riesgo de dicho consumo.
No obstante, el escrito muestra falta de acuerdo entre los expertos en lo relativo a la eficacia de una ley de menores sin alcohol, se muestra "escépticos" puesto que ya existen legislaciones autonómicas y ordenanzas locales que regulan las cuestiones fundamentales "y, sin embargo, su impacto no ha sido el esperado".
En informe, por tanto, afirma que "cualquier medida a desarrollar debe contar con unos niveles adecuados de coordinación entre los ámbitos educativos, familiares, sanitarios, sociales y de cualquier otro ámbito que pudiese ser necesario".