Roma, Italia.-
LIBERAN RECLUSOSAnte la creciente crisis de hacinamiento en las prisiones del país, el Ministerio de Justicia de Italia anunció que evalúa la excarcelación anticipada de más de 10 mil reclusos, lo que representaría cerca del 15% de la población penitenciaria nacional, como parte de un plan para aliviar la saturación en los centros de detención.
De acuerdo con un comunicado oficial difundido esta semana, 10 mil 105 personas privadas de la libertad serían elegibles para medidas alternativas, como libertad condicional o arresto domiciliario, siempre que cumplan ciertos criterios establecidos por las autoridades judiciales.
Los candidatos a este beneficio serían quienes:
- Tienen una sentencia firme y ya no pueden apelar.
- Les restan menos de dos años de condena por cumplir.
- No han cometido infracciones disciplinarias graves en los últimos 12 meses.
Por otro lado, la medida excluiría a condenados por delitos de alta gravedad, como terrorismo, crimen organizado, violación, tráfico de personas y secuestro.
CRISIS PENITENCIARIAItalia enfrenta una de las peores situaciones de hacinamiento carcelario en Europa, con una ocupación del 122% de su capacidad penitenciaria, según datos del World Prison Brief. Este índice coloca al país solo por detrás de Chipre, Francia y Turquía en todo el continente.
El problema ha escalado en los últimos meses, motivado no solo por la sobrepoblación, sino también por condiciones extremas dentro de las cárceles, como las altas temperaturas del verano y la falta de aire acondicionado, lo que ha contribuido al aumento de suicidios y protestas en diversos centros.
MEDIDA NECESARIAPese a la urgencia del problema, el Ministerio de Justicia ha advertido que la posible liberación de reclusos no ocurrirá de manera inmediata, ya que se trata de una decisión políticamente sensible que requiere revisión minuciosa.
Para ello, se ha conformado un grupo de trabajo que sesionará semanalmente y que deberá presentar sus conclusiones antes de septiembre.
La propuesta busca equilibrar la seguridad pública y los derechos humanos de los internos, en un contexto donde la presión social, las críticas de organizaciones civiles y los llamados de instituciones europeas por mejorar las condiciones penitenciarias, han incrementado la urgencia por actuar.