El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que busca sancionar a quienes quemen la bandera estadounidense como forma de protesta, una medida que ha generado controversia debido a la protección que otorga la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión.
Durante la ceremonia en el Despacho Oval, Trump afirmó:
Aunque su declaración fue categórica, el texto oficial de la orden no establece penas automáticas, sino que instruye a la fiscal general, Pam Bondi, y al Departamento de Justicia a investigar los casos de quema de bandera y aplicar las leyes penales o civiles cuando lo consideren apropiado.
- Según la Casa Blanca, la medida pretende proteger el lábaro patrio, que Trump calificó como "el símbolo más sagrado y preciado" del país.
La orden incluye además un apartado dirigido a migrantes: los departamentos de Estado y Seguridad Nacional podrán revocar visas, permisos de residencia, procesos de naturalización e incluso buscar la expulsión de quienes participen en actos de profanación de la bandera.
La medida se enfrenta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en 1989 resolvió que la quema de la bandera constituye una forma de libertad de expresión.
Esta sentencia se originó tras el caso del activista Gregory Lee Johnson, quien durante la Convención Nacional Republicana de 1985 quemó la bandera como protesta contra las políticas del entonces presidente Ronald Reagan. La Corte determinó que estas acciones, aunque polémicas, están protegidas por la Primera Enmienda.
Trump, sin embargo, argumenta que hay una línea entre la libertad de expresión y la provocación que puede derivar en acciones ilegales o violentas.
Señaló la Casa Blanca en un comunicado.
El presidente comparó esta orden con su ley sobre estatuas y monumentos, que contemplaba hasta diez años de cárcel por daños, y aseguró que busca prevenir disturbios similares, además de reforzar la seguridad nacional.
Afirmó.
Expertos legales advierten que la orden podría enfrentar impugnaciones judiciales. Académicos y defensores de derechos civiles señalan que las acciones del Ejecutivo podrían entrar en conflicto directo con los principios constitucionales de libertad de expresión y protesta pacífica.
Señaló a la prensa la profesora de Derecho Constitucional Lisa Reynolds, de la Universidad de Georgetown.
Organizaciones de derechos humanos y activistas también han criticado la iniciativa, calificándola como un intento de criminalizar la protesta política. En redes sociales, el tema se convirtió rápidamente en tendencia, con usuarios divididos entre quienes apoyan la defensa del símbolo nacional y quienes consideran que la libertad de expresión debe prevalecer.
Con esta orden, Trump reafirma su estilo polémico y sus medidas de firmeza simbólica, generando un nuevo debate en Estados Unidos sobre los límites entre patriotismo, seguridad y derechos civiles en un país donde la quema de la bandera ha sido históricamente un acto de protesta protegido.