El anuncio de la lista de quienes integrarán la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral no deja dudas: es una respuesta contundentemente clara al llamado que los expresidentes del instituto federal/nacional electoral José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, además de varias personalidades de organizaciones civiles y de la academia, para que los lineamientos de la reforma se desarrollen mediante un diálogo nacional para que gocen del "más amplio consenso" entre instituciones, actores políticos, medios de comunicación y sociedad civil. La lista la encabeza Pablo Gómez, quien dejó la UIF para asumir la responsabilidad. Lo acompañan Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Peña Merino, dirección de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidenta y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia.
Con su respuesta, la presidenta hace evidente, por un lado, que la reforma es planeada desde y para el poder; la lista excluye a miembros de organizaciones civiles de larga trayectoria en los debates y las acciones por la democracia y, también, de la oposición. Adicionalmente, con su selección, la presidenta no oculta su decisión de ignorar la solicitud de estos connotados ciudadanos quienes, a lo largo de los años, debatieron ideas, dieron forma y fortalecieron —mediante la crítica y el ejercicio en su interior— a las instituciones y organismos que hicieron posible que México transitara a la democracia. Así pues, carece de sentido otorgar el beneficio de la duda a la promesa de que la reforma se elaborará después de consultas y mediante el consenso. La lista misma da la pauta de lo que habrá de ser la reforma. Los foros y los debates que se realicen se apegarán al guion de simulación de democracia que los gobiernos de Morena han institucionalizado.
El oficialismo cuenta con los votos suficientes en ambas cámaras para hacer avanzar su reforma, sin cambiar una coma siquiera. Eso explica la arrogancia con la que la presidencia ha respondido a la solicitud de promover una reforma que contemple respetar la pluralidad y la inclusión social. Pero, además, no olvidemos la experiencia vivida con la reforma electoral al Poder Judicial.
La sociedad civil está obligada, esta vez, a abandonar la candidez con la que enfrentó la elección del poder Judicial y desarrollar una estrategia clara que obligue al oficialismo a no consumar esta reforma electoral, cuyo objetivo inmediato es claro: reducir, sino que impedir, la pluralidad en el ejercicio del poder, lo que conduciría a alcanzar un objetivo último: garantizar larga vida al estado autocrático que ha construido durante estos años.
Tanto la oposición como la sociedad civil tendrán que frenar esta reforma. De lo contrario, la construcción de un estado autocrático estará consumada. Será el tiro de gracia para los limitados avances democráticos que la sociedad mexicana había registrado en las últimas cuatro décadas. José Antonio Crespo lo hizo ver, con claridad, el miércoles pasado en una plática que ofreció en Cholula, promovida por el Frente Cívico Nacional. Dijo que las decisiones que se han tomado desde la presidencia y el poder Legislativo durante todos estos años de gobiernos morenistas siguen fielmente los manuales del Foro de Sao Paulo. De esa manera, afirmó, estamos siguiendo el camino que llevó a Venezuela a dejar de ser una de las economías más importantes del continente para convertirse, hoy, en uno de los países con peores condiciones de vida para su población.
El esfuerzo por frenar esta reforma tendrá que contemplar prácticas diferentes a todas las que se han realizado frente a los embates autocráticos de Morena. Ninguna de ellas ha dado resultados. De ahí, que cualquier estrategia frente a esta reforma deberá tomar en cuenta que no bastará con reafirmar las bondades de la democracia frente a la autocracia. Se tiene que partir del hecho de que a una gran mayoría, esas bondades no le significan mucho porque de poco les sirvieron cuando, mal que bien, existieron en nuestro país. A ese grupo extenso, la retórica oficial le resulta convincente. Argumentos que sostienen la necesidad de reducir los gastos en partidos, elecciones y diputados resultan muy aceptables pues, con base en repeticiones, el discurso oficial ha hecho creer que es así como se combate la corrupción. La retórica opuesta, aquella que sostiene, no sin razón, que en los países democráticos existen más posibilidades de vivir con libertad y seguridad que aquellos en los que el poder está concentrado y se persigue a la disidencia, termina por sonar hueca porque refiere realidades abstractas, poco tangibles Adicionalmente, su significación ha sido transformada por el discurso oficial ligándola a un pasado corrupto —en el que gobernaron PRI y PAN— en el que sólo unos cuantos gozaban de oportunidades y beneficios.
Los partidos de oposición, habrá que reconocerlo, no han sido capaces de leer correctamente el proceso autocrático y mucho menos de responder con correcciones y frenos. Las razones son múltiples, pero sin duda, las principales son las pesadas cargas que para la mayoría de sus miembros representan sus pasos turbios por diferentes cargos públicos, así como sus desmedidos intereses que anteponen al bien colectivo. Así, resulta difícil pensar que entenderán que ésta es la última oportunidad de evitar que nuestra sociedad compleja sea gobernada mediante un sistema que la niega y la reprime. Sin embargo, tendrán que ser actores importantes de esta última batalla. Ojalá lo entiendan. Ojalá sumen esfuerzos y fuerzas para enfrentar con inteligencia el embate. Deben tener claro que la reforma pretende avasallar desde la elección próxima, la del 27.
La sociedad civil tendrá que entender también que deberá sumarse a la fuerza opositora. Esto reclama, insisto, la creación de una estrategia fuerte y abarcadora que trascienda la repetición inútil de las bondades —innegables, necesarias, deseables— de la democracia. Requerimos, sin embargo, nuevos discursos. Necesitamos construir una nueva fuerza. Es nuestra última oportunidad, valga la repetición.