El inicio de las obras del Cablebús en la ciudad de Puebla ha suscitado reacciones ciudadanas de desaprobación que exhiben, por un lado, la irresponsabilidad y desatención de la cosa pública por parte de la oposición y, por otro, el perfil autocrático de la planeación gubernamental y su desinterés por emprender, de manera abierta, respetuosa y responsable una conversación pública sobre el tema.
En los primeros días de diciembre del año pasado, el Congreso del Estado aprobó, en sesión ordinaria, la modificación a la Ley de Transporte para incorporar el sistema de transporte por cable como modalidad del transporte público estatal. La propuesta, enviada por el gobernador Armenta en noviembre, fue aprobada de manera abrumadora: 33 votos a favor, 5 abstenciones y solamente un voto en contra, el de la única diputada con la que cuenta el PRI en el Congreso, Delfina Pozos Vergara. Las abstenciones las registraron los cinco diputados panistas.
Delfina Pozos subió a la tribuna durante el debate y expuso allí tres argumentos que diferentes grupos sociales han puesto de nuevo a debate en los último días: a) el avance del proyecto, previo a su aprobación en el Congreso; b) la falta de sustento técnico y ambiental de la obra, por lo que la reservación de información inducía sospechas sobre el uso de los recursos públicos y c) el impacto ecológico del proyecto fue obviado. Los diputados panistas también rechazaron la propuesta desde la tribuna con argumentos muy cercanos a los de la diputada priista. Aun así, se abstuvieron de votar en contra.
Acostumbrada a ser ninguneada, a no hacer otra cosa que rechazar pero no actuar, la oposición no dio continuidad a su legítimo cuestionamiento al proyecto. Ciertamente, había sido aprobada mayoritariamente; sin embargo, la obra habría de echarse a andar contraviniendo leyes y dejando muchas dudas sobre su sentido y viabilidad. La oposición no fue derrotada ideológicamente sino por la disciplina de los diputados del partido del poder que votaron por encomienda. Los argumentos en contra se sostenían porque la realización del proyecto iría en contra del interés público. La fuerza opositora debió prever que el asunto prendería los ánimos de la ciudadanía. ¿Por qué postergar la protesta? ¿Por qué dejarle la carga de la resistencia a la sociedad civil? Eso sucede cuando un partido controla todo y tiene pretensiones autocráticas. Sucede, también, cuando los políticos, de todas las fuerzas, no ven en el poder sino la oportunidad de enriquecimiento y proyección.
Abundan los argumentos técnicos en contra del proyecto. No contribuirá a resolver los serios problemas que aquejan a la movilidad pública de la capital. No se justifica, por tanto, su inversión, como tampoco las cuotas de recuperación. El daño ambiental ha sido también documentado con amplitud. No se trata de quitar árboles para sembrarlos en otras partes, sino también de las consecuencias que tendrá su remoción para aves y especies animales que cohabitan el entorno. Un grupo de científicos de la BUAP sustentó los daños que el proyecto acarreará, a pesar de que, como institución, la universidad dio el espaldarazo al gobernador ofreciendo su campus para recibir los árboles extraídos de las zonas por las que el cablebús circulará. Claramente, el proyecto es resultado de una ocurrencia y no de un análisis técnico, informado y financieramente sustentado. No hay duda de que la movilidad de la ciudad requiere ser atendida con visión de largo plazo. Pero eso reclama una planeación especializada, profesional y democrática. Reclama la participación de grupos interdisciplinarios, de transportistas y de usuarios. Puebla cuenta con excelentes expertos en movilidad, ecología, proyecciones financieras, seguridad ciudadana y manejo de datos que bien podrían haber sido convocados para estudiar el fenómeno y proyectar soluciones. Eso es lo que esperaría la ciudadanía que hiciera un gobierno que fue electo para llevar a cabo una transformación verdadera. Eso es lo que no ocurrió.
Por consecuencia, la conversación pública sobre el tema ha estado contaminada. El gobernador y sus funcionarios se han cerrado a los reclamos. Rebotan los argumentos no contra argumentos, sino con descalificaciones. Responsabilizan a los partidos de oposición de la movilización en contra del proyecto con lo que no consiguen sino engrandecer una oposición tibia, poco activa y carente de visión. ¿Cómo consigue esa oposición que grupos disímiles protesten por la obra si los políticos pertenecientes a ella son incapaces de organizarse entre los pocos que son? El gobernador no solamente debería atender las razones que la ciudadanía plantea para exigir mejores proyectos de movilidad, sino que también percatarse de que, a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos morenistas por desarmar las instituciones que han surgido de la sociedad civil, ésta está viva y empoderada. La fortaleza que los grupos civiles han adquirido a lo largo de cuatro décadas —por lo menos— cuestionando, criticando, proponiendo nuevas opciones de gobernanza y exigiendo resultados no se ha perdido, ni ha quedado aniquilada como las instituciones que lograron construir. En esta etapa de la vida política, la fuerza opositora proviene –y seguirá proviniendo— de fuerzas civiles.
El único escenario que prevendría al gobernador de una crisis de gobernanza es aquel en el que decida detener las obras, convocar a grupos de expertos y ciudadanos a debatir (seria y profesionalmente, no a través de foros inútiles de simulación) el fenómeno de la movilidad urbana. La ciudadanía lo celebraría. Desarrollaría confianza y empatía con el gobierno. Adicionalmente, el clima de opinión sanaría. Así, Puebla y los poblanos estaríamos en condiciones de dialogar con las autoridades de ahora en adelante.
De no ser así, las relaciones sociales se enturbiarán mucho más esbozando un futuro peligroso, pues la administración de Armenta transita aún por su segundo año.