Luis Carlos López Valdés, periodista veracruzano especializado en fuentes policíacas y director del portal Reportaje Policíaco Veracruzano, fue ultimado la madrugada del jueves 11, en Poza Rica, a pesar de contar desde febrero con protección proporcionada por la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas, luego de recibir múltiples amenazas. Fue acribillado: le dispararon en dieciocho ocasiones. La Comisión no ha aclarado públicamente qué tipo de protección había proporcionado a Luis Carlos, por lo que ha sido objeto de renovadas críticas, tanto por el alcance de sus funciones, como por la calidad de sus servicios. Las amenazas, se dice en Poza Rica, habrían provenido de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Días antes, el 2 de junio, también por la madrugada, Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue extraída violentamente de su hogar, en Nanchital, por hombres encapuchados que portaban armas poderosas, causando terror a su pareja y a un bebé de meses. A diferencia de Luis Carlos, no hay información oficial acerca de posibles amenazas y de solicitudes de protección de su parte. Al parecer, su pareja grabó el episodio en el que a ella se le escucha decir que hay un bebé en casa y a los sujetos gritarle que será trasladada a la comandancia. Sin embargo, nada se sabe de su paradero. Está desparecida, al menos hasta ayer. Ella cubría denuncias ciudadanas, política municipal, seguridad y asuntos comunitarios; su trabajo la había convertido en un personaje influyente dentro de la comunidad nanchiteca.
En los primeros días del año, el 8 de enero, también en Poza Rica, Carlos Leonardo Ramírez Castro, director de la página informativa Código Norte de Veracruz, enfocada en temas de seguridad y asuntos policíacos, fue asesinado en un restaurante propiedad de su familia, por individuos que grabaron la ejecución. Al igual que Luis Carlos, Carlos Leonardo había sido víctima de amenazas reiteradas y contaba con protección de parte de la comisión encargada de proporcionarla.
Si bien la gobernadora Rocío Nahle ha condenado los tres hechos y sostenido que su gobierno respeta la libertad de expresión, ha rechazado atribuir los crímenes al ejercicio periodístico de las víctimas, especialmente en los casos de López Valdéz y Ramírez Castro. Agrupaciones de periodistas han reaccionado criticando la postura oficial. El contexto veracruzano y la naturaleza de los atentados, señalan, deben orillar a manejar como hipótesis prioritaria, no secundaria, la actividad periodística de los tres periodistas.
Luis Carlos y Carlos Leonardo se convierten en el noveno y décimo periodistas asesinados en los veinte meses de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum y Roxana, la segunda persona dedicada al periodismo que desaparece.
Desde 2003, alrededor de 177 periodistas han sido asesinados en México y 32 han desaparecido. La mayoría de ellos son hombres. Según los registros más confiables, 14 mujeres periodistas han sido ultimadas y cuatro, desaparecidas, incluyendo a Roxana. Esas cifras convierten en México en uno de los países en los que el ejercicio periodístico es una tarea de alto riesgo. El año pasado, 129 periodistas fueron asesinados en todo el mundo, nueve de ellos en México, según Reporteros Sin Fronteras. México es, desde hace ya varios años, el segundo país más peligroso para los periodistas.
Sin embargo, si zonas de guerra son excluidas, México pasa a ser el país con el mayor número de asesinatos de periodistas. Dos asuntos agregan gravedad a la estadística. En primer lugar, el hecho de que el 95 por ciento de los atentados en contra de los periodistas no concluyen con sentencias contra los responsables y poco más del 50 por ciento permanece sin que los autores materiales e intelectuales hayan sido identificados y sin que haya detenidos.
En segundo lugar, si bien el número de atentados contra mujeres periodistas es menos al de los que ocurren contra periodistas masculinos, México es el país en el que se registra el mayor número de asesinatos anuales contra mujeres periodistas. Mientras que en Filipinas e India han sido asesinadas ocho periodistas desde el año 2000 y en Afganistán 6, en México el número asciende a 14 en el mismo período.
Adicionalmente, la mayoría de las agresiones contra ellas siguen un patrón desarrollado de acuerdo con una cultura patriarcal. Antes de los ataques fatales, son sometidas a vejaciones sexuales y acoso cibernético, humillaciones a las que raramente son sometidos los periodistas hombres. En la mayoría de los casos, los asesinatos de ellas se cometen en su ámbito familiar, con brutalidad. El caso de Roxana es ilustrativo. En la mayoría de los casos, su enfoque en denuncias sobre corrupción y fallas en la seguridad pública es la razón por las que las periodistas son privadas de sus vidas. Activistas y académicas han empezado a utilizar el conceptos como feminicidio periodístico o violencia feminicida contra periodistas.
La violencia en contra de los periodistas es, quizás, una de las amenazas más serias contra la libertad de expresión. En un país en el que la tímida democracia que se había venido construyendo en las últimas décadas se ha venido desdibujando por presiones del poder, el ejercicio crítico del periodismo es una de las escasas herramientas que podrían evitar el colapso democrático y la emergencia de un sistema autocrático. Sin embargo, la violencia ejercida en contra de los periodistas y la impunidad que le da soporte contribuyen, si no a detener, sí a amedrentar a las voces disidentes y a abrir el camino al silencio y a la sumisión, nutrientes primordiales de todo tipo de autoritarismos.