Mucha tinta ha corrido desde aquel histórico mes de diciembre del 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, dispuso un ataque frontal --utilizando medios policiacos y militares-- como estrategia de su gobierno contra el crimen organizado y el narcotráfico.
A punto de cumplirse 17 el próximo mes de diciembre y pese a un sin número de críticas, opiniones y comentarios de expertos en materia de seguridad, los militares siguen siendo parte activa contra ese enemigo que no da tregua, como es el crimen organizado y el narcotráfico.
Y por más que hay quienes insisten sobre la necesidad de una mayor capacitación a los cuerpos de seguridad federal, estatal y municipal y al calor de la situación imperante surgen un sin número de sugerencias y propuestas, los esfuerzos parecen ser insuficientes. Más, cuando el llamado cáncer de la corrupción sigue acechando por todos lados.
Como muestra un botón: el sonado caso que se está ventilando en USA con motivo del juicio contra Genaro García Luna, ex Director de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones y la Secretaría de Seguridad Pública, que nos ha hace recordar ese tema en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene el dedo en la llaga, como es el de la corrupción en los cuerpos policiacos.
El tiempo transcurre y el panorama, que indudablemente prevalece, es el hecho de que sigue siendo necesaria la participación de los militares en una labor que realmente a quienes corresponde enfrentar y resolver es a los cuerpos de seguridad federal, estatales y municipales.
Una tarea altamente delicada, cuando se ha visto en las imágenes de los periódicos y noticiarios de televisión que el enemigo que se tiene enfrente, cuenta con armas de alto poder y paradójicamente se le llama crimen organizado, en tanto que los cuerpos de seguridad contrariamente lo que parece ser, es un organismo muy grande, pero desorganizado.
Véase por ejemplo lo que ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero, cuando a la 4.50 a.m., según el comunicado de la SEDENA, se suscitó un lamentable hecho, en el que perdieron la vida cinco civiles, por disparos de armas de miembros de dicha corporación.
Y es ahí cuando de nuevo surge el debate ¿hasta qué punto es correcto que los militares sigan haciendo tareas propiamente dicha de policías?
Sobre ese tema, como ya lo hemos dicho en otras entregas del Altar Mayor sería saludable saber ¿qué están haciendo en realidad los señores gobernadores, presidentes municipales, incluso los diputados locales, Senadores Federales y Diputados Federales?
Hasta ahora lo que se ha visto es que unos y otros directa o indirectamente no pueden eludir su responsabilidad y limitarse solo a pedir que el gobierno federal preste auxilio enviando más elementos de la ahora conocida como Guardia Nacional, los miembros de la SEDENA y de la SEMAR.
Y en esta ocasión se elevaron voces invocando los derechos humanos de las víctimas que, a decir de algunos testigos, en ese acontecimiento se vieron vulnerados.
Sin embargo, déjeme decirle lector querido, ¿será que esos derechos humanos que si bien no se discute amparan a las víctimas, sería aplicable a favor de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que también fueron víctimas de agresiones como pudo observarse en los videos difundidos?
Se ha visto cómo muchos elementos de la SEDENA han perdido la vida en esta tarea de combate a la delincuencia organizada y es ahí donde mueve a la reflexión sobre la obligatoriedad que debe prevalecer hacia el respeto de los derechos humanos de nuestras fuerzas armadas.
La muerte de los cinco civiles en aquel enfrentamiento suscitado, es triste, muy triste y lamentable, pero también es preocupante que una acción que inició hace 17 años no se sabe cuándo vaya a terminar.
Mientras tanto más de uno afirma y, con justa razón que hasta ahora en esa guerra vs el narcotráfico, instituciones como la SEDENA y la SEMAR son quienes en realidad están pagando, injustamente, los platos rotos. (altar_mayor@yahoo.com.mx)