Lo advertíamos en un "Altar Mayor", hace unos días: las modificaciones constitucionales impulsadas por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo con el fin de hacerle un "traje a la medida" a su esposa Ana Ruth González Silva y permitir así a ésta competir por la gubernatura en 2027 es algo totalmente opuesto a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar el nepotismo.
En realidad, es un asunto de moralidad política, diría el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador, pues con ello se estaría incurriendo en prácticas del pasado reprobadas por la sociedad mexicana.
Lo peor es que, como siempre suele suceder, pareciera cundir el mal ejemplo. Obsérvese que detrás de las enmiendas legales hechas en aquella entidad, para garantizar el arribo de la conyugue del actual mandatario, en Nuevo León, Hidalgo y Michoacán se han encendido las alarmas pues también están impulsando la "ley esposa" que, al decir de algunos, es como "un caramelo envenenado bajo la bandera de la paridad de género".
Y ante la gran polémica que ha generado el tema en el morenismo nacional, hay quienes dicen que la presidenta Sheinbaum una vez más ha dado un golpe en la mesa.
La ex jefa de gobierno defeña quiere ponerle un alto a esas tentaciones de aquellos miembros de la clase política y de la propia oposición, sobretodo, que parecen estar afanados en torcer la ley.
Por eso la semana pasada la Presidenta de México sugirió a la dirigencia nacional de Morena revisar la constitucionalidad de estos cambios, sugerencia que de inmediato ha sido atendida por la lideresa Luisa María Alcalde que, dicho sea de paso, estaría preparandose para presentar cuanto antes una acción de inconstitucionalidad que tire de golpe las reformas en todos los estados y deje jurisprudencia para futuros intentos de esta especie.
La dirigencia morenista se apresta a cumplir la sugerencia presidencial y se avizora para esta semana que Luisa María Alcalde presentará ante la instancia respectiva un recurso de inconstitucionalidad en materia electoral para frenar los intentos de sus propios gobiernos morenistas de violar la Constitución.
En ese sentido, trascendió que Morena cuidará el "punto fino" en la presentación de la impugnación sin tocar a sus aliados. Por ello, la ruta jurídica ha de encaminarse hacia un acuerdo anterior en Jalisco, Estado gobernado por Movimiento Ciudadano donde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado aprobó lineamientos de paridad sustantiva que obligan a los partidos a postular exclusivamente mujeres en municipios con mayor población para el proceso electoral de 2027.
Desde luego que el golpe llegará de rebote a Gallardo en San Luis Potosí: "Consideramos que no son constitucionales; en la Constitución están los mecanismos que garantizan la paridad y la promoción de la participación de las mujeres en los diferentes cargos de elección", es el argumento que sustentará la acción de inconstitucionalidad.
En el caso de Michoacán, entidad gobernada por Alfredo Ramírez Bedolla, la reforma legal tiene una dedicatoria distinta, refieren morenistas del Estado; en este caso, el problema son las diferencias irreconciliables entre el mandatario y el senador Raúl Morón, quien se perfila para pelear la candidatura al Gobierno del Estado. Con la obligatoriedad de paridad, Bedolla sacaría de la jugada electoral a su correligionario y adversario político.
Lo cierto es que el juego de fichas por las candidaturas fuera y dentro de los partidos políticos, principalmente en Morena, se ha comenzado a redondear de cara al inicio del 2026 pero tal parece que las reglas que se han impuesto, en el caso del partido oficialista, no parecen dar garantías que eviten que sus militantes busquen resquicios en la ley para continuar con la herencia de cargos, una práctica común en todas las fuerzas políticas.
Y el asunto se pondrá más candente, sin duda, si se observa que las elecciones intermedias de 2027, serán el termómetro de las presidenciales del 2030. (altar_mayor@yahoo.com.mx)