El modelo de jubilaciones y pensiones irrumpió como un asalto neoliberal, impulsado por las voraces empresas financieras y avalado por gobiernos serviles, con el único objetivo de entregar a los bancos el botín de los ahorros de retiro.
Con esta maniobra cínica intentan desligar al Estado de su deber de financiar directamente las pensiones, para desmantelar y privatizar un derecho social conquistado por trabajadores que han entregado más de 25 años de servicio a las instituciones.
En el campo de las pensiones, la diferencia entre un sistema público y uno privatizado es fundamental y definitivo para la seguridad y dignidad de los trabajadores. El Estado, al administrar los regímenes de jubilación, garantiza un respaldo sólido basado en la solidaridad social y la protección del derecho constitucional a la seguridad social. Esto significa que el dinero de todos se junta y se reparte para asegurar que nadie quede desamparado en la vejez, independientemente de la suerte que haya tenido en el mercado laboral.
Cuando las empresas privadas toman el control de los fondos de pensiones, los trabajadores se arriesgan a que sus ahorros dependan de las variaciones del mercado financiero, lo que puede provocar pensiones insuficientes e inseguridad económica. Además, estas financieras acostumbran regularmente a maximizar ganancias, lo que puede generar conflictos de interés, altos costos de administración y menos transparencia, dejando a los trabajadores en una posición débil y sin garantías firmes sobre su futuro.
Por otro lado, un régimen de Estado permite que la responsabilidad sea colectiva y no individual, evitando que el riesgo y la incertidumbre caigan sobre los hombros de cada trabajador. El Estado debe hacerse cargo de la seguridad de sus trabajadores por el tiempo que le sirvieron al país, garantizando el pago oportuno, reajustando pensiones para cuidar el poder adquisitivo y afrontando contingencias como desempleo o enfermedades, algo que difícilmente ofrecerán las empresas privadas.
En resumen, la administración pública de los sistemas de pensiones es fundamental para proteger a los trabajadores, asegurar pensiones justas y dignas y fomentar la igualdad social. Delegar esta responsabilidad a las empresas financieras solo pone en riesgo el bienestar presente y futuro de miles de trabajadores, transformando un derecho social en un negocio privado con altos riesgos.
El Estado debe cumplir con su responsabilidad de proteger las jubilaciones de quienes han trabajado toda una vida. La seguridad en la vejez no es un negocio, es un derecho que debe defenderse con firmeza. No se debe permitir que las empresas financieras saqueen las pensiones.