Según cifras de las Naciones Unidas, más de 673 millones de personas padecen hambre en el mundo. Lo paradójico es que muchas de ellas viven en zonas rurales, campesinas e indígenas, y se dedican precisamente a producir alimentos.
Esta situación ha llevado a organizaciones sociales y a especialistas en derechos humanos a destacar un concepto esencial: la soberanía alimentaria. Para garantizar el derecho humano a la alimentación que regulan los artículos 4 de la Constitución y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se debe ir más allá de producir comida, implica decidir qué, cómo y para quién se debe producir.
La soberanía alimentaria es una noción impulsada por movimientos campesinos y comunidades indígenas, surge como una respuesta urgente y transformadora para erradicar el hambre de forma justa y sostenible. No solo es considerado un modelo alimentario, sino también, nace para que la humanidad vuelva a pensar y preguntarse: ¿Cómo organizar la producción, la distribución y el comercio alimentario y agrícola?, ¿Cuál debe ser el uso de la tierra? y ¿Cómo es la interacción con las demás personas con las que se convive?
Es una forma de enfrentar los conflictos que se presentan ante la escases de los alimentos básicos como los granos. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 destaca una iniciativa que contempla la colaboración del Gobierno de México y el sector privado, cuyo fin es fomentar un desarrollo económico equitativo y sustentable a largo plazo basado en el aprovechamiento del mercado interno, para nuestra propia industria, reduciendo con ello las importaciones innecesarias.
En el objetivo 3.4, del citado plan es el siguiente: " Fortalecer la soberanía alimentaria para garantizar el derecho del pueblo de México a una alimentación nutritiva, suficiente, de calidad y a precios accesibles para todos", ya que nuestro país actualmente importa alimentos básicos como los granos: maíz, arroz, frijol y trigo, así como la mayor parte de los insumos, maquinaria, equipo y combustibles para la agricultura, conforme datos que brinda el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), siendo Estados Unidos y Canadá los principales proveedores.
El término de soberanía alimentaria apareció a raíz del movimiento social campesino conocido como "La Vía Campesina", en contraposición con el comercio internacional y la posterior mercantilización de los alimentos en el contexto del auge de la revolución verde de los años 70, y la aplicación de las políticas de liberalización a partir de mediados de los 80. Se define como: un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, pequeños productores sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas en todo el mundo.
El moviento defiende la cultura sostenible a pequeña escala como una forma de promover la justicia social y la dignidad. Se opone al agro-negocio y a las multinacionales que destruyen a las personas y naturaleza. Existen otros foros en torno a la soberanía alimentaria que se han organizado en respuesta a las reuniones de los gobiernos para hacer frente a los problemas del hambre en el mundo.
El "Foro por la Soberanía Alimentaría", tuvo lugar en el 2002, paralelo a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, misma que fue criticada por la falta de voluntad política para reducir el hambre. Por otro lado, los movimientos indígenas de América Latina han aportado el concepto de autonomía, relacionado con la capacidad de producir la cultura en un territorio heredado y manejado colectivamente, entendiéndose como la capacidad de los productores de decidir los sistemas de producción y el tipo de semillas utilizadas para que puedan acordar los procesos de producción, término que se acerca a la percepción de soberanía alimentaria.
Por lo que, ante tales consideraciones podemos entender a este modelo alimentario como una forma de ejercer la autonomía en el marco del derecho a la alimentación. Asimismo, nos permite comprender que el derecho humano a la alimentación no solo implica que las personas tengan comida disponible, sino que vivan en condiciones que les permitan producirla o adquirirla por sus propios medios. Para ello, se necesita tener acceso a recursos esenciales como la tierra, las semillas y el agua, y en caso de no poder producir sus alimentos, es indispensable contar con ingresos suficientes y acceso real a los mercados para obtenerlo.
Aquí viene la importancia de reflexionar si "hablar de soberanía alimentaria es hablar de justicia", no se trata solo de comer, sino qué comemos, cómo se cultiva y en qué condiciones. Este enfoque apuesta por producir alimentos cerca de donde se consumen, cuidar el medio ambiente con la agroecología, conservar las semillas de nuestros pueblos y asegurar precios justos para productores. Todo lo contrario, a un sistema que prioriza exportar grandes cantidades desde monocultivos orientados a la industria agroalimentaria.
El derecho a la alimentación está reconocido no solo en la Constitución, también en los tratados y organismos internacionales como la ONU; sin embargo, garantizarlo en la práctica depende de factores económicos, políticos y culturales. Desde la perspectiva de derechos humanos "Sin soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación queda en manos del mercado y no de las personas".
La dependencia de importaciones, la pérdida de tierras fértiles y el avance de la agroindustria están debilitando la capacidad de los pueblos y comunidades para alimentarse por sí mismos, esto no solo incrementa el hambre, sino también, erosiona culturas y saberes ancestrales. Lejos de ser una propuesta utópica, la soberanía alimentaria constituye una condición esencial para la realización efectiva del derecho humano a la alimentación.
La persistencia del hambre en diversos sectores de la población en México demuestra que no es suficiente aumentar la producción, se requiere revisar las estructuras y factores que determinan el acceso y la disponibilidad de los alimentos. En este contexto, vale la pena cuestionarse si, bajo el modelo actual, este derecho se está cumpliendo de manera plena y efectiva. (Damos la bienvenida a una nueva colaboradora de Diario Presente. La doctora Cecia Bernice es Candidata a Investigador Nacional SNII, Miembro del Observatorio sobre Derechos Humanos, Migrantes y Refugiados – UJAT)