La historia de Dorian refleja un vacío legal que urge atender: la obesidad
como causa de discriminación.
Dorian soñaba con trabajar en una guardería. Tenía la preparación, la vocación
y la paciencia para cuidar de la infancia. Sin embargo, al momento de la
entrevista, no fueron sus capacidades las que se evaluaron, sino su cuerpo.
Su obesidad bastó para que no lo aceptaran.
Tiempo después, se postuló en una empresa privada. Su hoja de vida cumplía
todos los requisitos e incluso destacaba por su experiencia previa. Pero otra
vez el veredicto estuvo dictado de antemano: su peso fue considerado un
obstáculo, como si lo profesional quedara eclipsado por la apariencia.
Historias como la de Dorian no son aisladas. La discriminación por obesidad
es una realidad silenciosa que atraviesa espacios laborales, médicos y
sociales. En el trabajo, se disfraza de "imagen corporativa" o de "falta de
condición física", cuando en realidad es un sesgo estético que margina y
vulnera derechos.
Las consecuencias son profundas: exclusión, pérdida de oportunidades,
deterioro de la autoestima y hasta afectaciones en la salud mental. En un país
donde la Constitución y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación (LFPELD) prohíben toda distinción que anule derechos, esta
forma de rechazo sigue pasando desapercibida, como si el peso pudiera medir
la valía de una persona.
De acuerdo con el CONAPRED, cerca del 20% de las quejas por discriminación en los últimos años se relacionan con apariencia física y peso corporal. El dato confirma que no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural.
Lo preocupante es que aquí se vulnera directamente el derecho a la igualdad
de oportunidades que la ley reconoce a toda persona. El artículo 1º
constitucional prohíbe toda discriminación motivada por condiciones de
salud, entre otras causas, y bajo esa cláusula abierta la obesidad debería estar
comprendida. Sin embargo, la legislación mexicana guarda silencio: no existe
aún una norma específica que reconozca y sancione la discriminación por
obesidad en el ámbito laboral.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la igualdad y la no discriminación deben interpretarse de manera extensiva para proteger a
grupos en situación de vulnerabilidad, incluso si no están enumerados de
forma expresa. Negarle un empleo a alguien por su peso es, entonces, una
forma indirecta de discriminación contraria a la Constitución y a los tratados
internacionales suscritos por México.
El talento, la disciplina y la ética profesional no tienen talla. Es momento de
que el Congreso legisle para cerrar este vacío y de que las empresas asuman
prácticas incluyentes que valoren a las personas por sus capacidades y no por
su peso. Porque, al final, detrás de cada historia como la de Dorian, hay un
derecho vulnerado que no puede seguir esperando (*Abogada y Escritora)