PRIMERA PARTE
Dejemos de lado los mitos. El narcotráfico en México no es un enemigo externo que invadió un país inocente. No es el resultado de unas cuantas "manzanas podridas" en el gobierno. Es la consecuencia directa y deliberada de un proyecto de Estado que, por acción y omisión, ha cultivado, gestionado y se ha beneficiado del crimen organizado. Para entender la violencia que no cesa, hay que dejar de buscar al monstruo afuera y empezar a señalar al creador: el propio Estado mexicano.
El Pecado Original:
Mucho antes del fentanilo, el Estado mexicano post-independencia heredó las estructuras coloniales de corrupción y contrabando, pero en lugar de desmantelarlas, las adoptó como parte de su ADN operativo. Las rutas y redes que en la Colonia movían plata y tabaco al margen de la Corona, fueron perfeccionadas por las nuevas élites políticas y económicas. La prohibición del alcohol en Estados Unidos durante los años 20 no fue una simple oportunidad para contrabandistas fronterizos; fue el primer gran negocio binacional donde el poder político mexicano, desde gobernadores hasta comandantes locales, entendió que gestionar la ilegalidad era infinitamente más rentable que combatirla. Figuras como Juan R. Guerra en Matamoros no eran simples criminales; eran empresarios que operaban con la venia y en sociedad con un poder estatal que ya veía la corrupción no como una falla, sino como un mecanismo de gobernabilidad y enriquecimiento. El narco no se montó en una tradición; se montó en una infraestructura de complicidad estatal que ya estaba aceitada y funcionando.
La Prohibición: El Pretexto Dorado para un Negocio de Estado
La "guerra contra las drogas", impuesta por Estados Unidos pero adoptada con un fervor hipócrita por México, fue la mejor decisión de negocios para las élites corruptas. No fue un error de cálculo; fue un plan maestro. Al prohibir un producto con una demanda insaciable, el Estado se auto-otorgó el poder de decidir quién participaba en ese mercado multimillonario y quién no. La llamada "guerra" iniciada por Felipe Calderón fue la máxima expresión de esta simulación:
1. Inflación del Mercado: La militarización no buscaba acabar con el tráfico, sino encarecerlo. Al aumentar el riesgo, el precio de la droga se disparó, y con él, el valor de los sobornos y las cuotas de protección que recibían funcionarios, militares y policías. El Estado se convirtió en el regulador de facto que inflaba artificialmente las ganancias del cártel con el que estuviera asociado.
2. Gestión de la Competencia: La estrategia de "descabezar" cárteles no era para eliminarlos, sino para gestionar la competencia. Se atacaba a los enemigos del cártel favorecido por el gobierno en turno, fragmentando a sus rivales en grupos más pequeños y fáciles de controlar o exterminar. El juicio y condena de Genaro García Luna no reveló una excepción, sino la regla: el Secretario de Seguridad Pública de México actuaba como operario del Cártel de Sinaloa, usando todo el poder del Estado para eliminar a sus competidores.
3. Militarización como Fin: La "guerra" fue el pretexto perfecto para sacar al ejército a las calles, no para imponer la ley, sino para imponer el control territorial de sus socios criminales y normalizar un estado de excepción que suspende los derechos civiles y justifica la violencia estatal.
La prohibición nunca tuvo como objetivo la salud pública. Su verdadero fin fue crear y gestionar un mercado negro increíblemente lucrativo, cuyo principal socio y beneficiario ha sido siempre un sector del propio aparato estatal. (Segunda parte: "Plata o Plomo": La Delegación del Gobierno al Crimen)