"La libertad del ciudadano cede ante la pasividad del consumidor"
— Byung-Chul Han, Psicopolítica
SEGUNDA DE DOS PARTES
Lo que los gobiernos de derecha que hoy recorren América Latina ofrecen no es libertad humana, sino libertad del mercado: la libertad de competir sin que el Estado intervenga para nivelar el campo de juego; es la libertad del águila y el ratón.
Y tienen razón en algún sentido los críticos de la izquierda: el Estado, tal como ha funcionado en la mayoría del mundo, ha sido con frecuencia burocrático, ineficiente y capturado por clientelismos. Pero la respuesta a un Estado fallido no puede ser su disolución. Eso no produce ciudadanos libres: produce personas abandonadas a la ley del mercado, a la ley que premia la propiedad adquirida sin importar filtros éticos, no la dignidad y el trabajo humano.
Los derechos humanos como variable de ajuste.
El cambio ideológico tiene consecuencias que van más allá de las finanzas públicas y la macroeconomía. Tiene consecuencias en los cuerpos de las mujeres, cuyo derecho a decidir sobre su propio futuro se convierte en moneda de cambio electoral. En los cuerpos de los migrantes, convertidos en chivos expiatorios de crisis estructurales que llevan décadas gestándose. En los cuerpos de los pueblos indígenas, cuyos territorios y culturas siguen siendo sacrificados en el altar del crecimiento económico. En los cuerpos de las personas LGBTQ+, cuya existencia es presentada, en los discursos de la nueva derecha, como una amenaza a un orden natural que nunca existió.
Permítame recordarle a todo lector que los derechos humanos no son una ideología. Son el piso mínimo que la humanidad acordó, tras siglos de guerras y atrocidades, que ningún gobierno debería poder pisar. Cuando ese piso se presenta como una conspiración de la élite woke, cuando se convierte en objeto de debate, cuando el sufrimiento de personas reales y la reparación de daños se vuelve una amenaza cultural, algo fundamental se ha roto en el pacto civilizatorio.
Y sin embargo, ahí estamos. En un mundo donde los consensos básicos sobre la dignidad humana que parecían irreversibles (los que se construyeron tras la Segunda Guerra Mundial, tras las dictaduras latinoamericanas, tras los juicios de Núremberg) se renegocian en el lenguaje de la soberanía nacional, el sentido común y la eficiencia económica.
Las preguntas que no se hacen.
Hay preguntas que nuestras democracias han dejado de hacerse porque hacerlas implicaría cuestionar las estructuras que las sostienen. ¿Por qué no hemos implementado sistemas de voto ponderado que garanticen representación real a las minorías? ¿Por qué no hemos limitado el financiamiento privado de los partidos políticos y exigida transparencia total en sus cuentas? ¿Por qué seguimos viendo los mismos apellidos en las boletas, los mismos rostros en los gabinetes, los mismos intereses detrás de las cámaras? ¿Por qué el debate público se concentra en personas y escándalos mientras las estructuras que producen la desigualdad permanecen intactas?
La respuesta incómoda es que el sistema actual, con todas sus fallas, sirve a quienes lo diseñaron. Y quienes lo diseñaron no son trabajadores, ni estudiantes, ni migrantes, ni las mujeres que cargan en sus espaldas el peso de las familias. Son quienes tienen el capital suficiente para que sus intereses sean defendidos independientemente de qué partido gane la elección.
Esto no significa que los votos no importen. Significa que votar es necesario, pero no suficiente. Significa que la democracia real exige más que votar cada seis años: exige participación permanente, medios independientes, instituciones que rindan cuentas, ciudadanos informados y organizados, exige, en última instancia, la voluntad colectiva de construir algo que todavía no existe plenamente en ningún lugar del mundo.
La dignidad como horizonte político
Frente al avance de gobiernos que ponen el mercado por encima de las personas; democracias cuyas instituciones se vacían de poder pero mantienen sus formas; el uso del cambio ideológico como justificación para recortar derechos, hay una idea que merece solidificarse en un movimiento con urgencia: la dignidad humana como principio político irrenunciable.
No la dignidad como parte del discurso ante el congreso. La dignidad como criterio de evaluación de cada política pública, de cada ley, de cada decisión presupuestaria. La pregunta que debería anteceder a toda decisión de gobierno no es "¿cuánto cuesta?" sino "¿qué le hace a las personas?". No "¿qué dicen los mercados?" sino "¿cómo afecta a la vida de los seres humanos que viven en este territorio?".
Una democracia que no puede garantizar esa pregunta (que la relega frente a las calificadoras de riesgo crediticio o las encuestas de popularidad) no es una democracia plena. Es una administración del status quo sociopolítico económico existente desde el siglo XVIII con procedimientos electorales que legitiman las decisiones de la minoría en el poder.
El regreso de la derecha en América Latina no es una catástrofe inevitable, es el síntoma de una democracia que lleva décadas prometiendo algo que no ha podido o no ha querido cumplir. La pregunta que nos corresponde hacernos no es si preferimos la izquierda o la derecha. La pregunta es si estamos dispuestos a construir, por fin, algo que merezca el nombre de democracia: un sistema donde la voz del ciudadano de a pie pese tanto como la del empresario multimillonario o político ladrón, donde los derechos no se negocien con cada elección, y donde la dignidad de las personas no sea una variable de política económica o social en ningún programa económico de ningún color partidista.
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