Recientemente, en Villahermosa, se ha generado una controversia en torno al incremento en el cobro del agua potable y la calidad del servicio que reciben miles de familias. El debate toca una de las necesidades más básicas y, al mismo tiempo, pone sobre la mesa una tensión de fondo entre justicia tarifaria, sostenibilidad financiera y responsabilidad pública.
Hablar de cobros excesivos en el servicio de agua potable exige, primero, una pregunta incómoda: ¿cuánto cuesta en realidad poner agua en una llave de Villahermosa? Los datos nacionales señalan que, durante décadas, la capital tabasqueña ha sostenido un subsidio insostenible que ha deteriorado su infraestructura.
Una protesta legítima merece datos honestos. El posicionamiento que exhorta a la ciudadanía a impugnar legalmente el alza en las tarifas de agua y saneamiento en el municipio de Centro parte de premisas jurídicas atendibles, pero omite un hecho que la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el propio Ayuntamiento han documentado con insistencia: Villahermosa ha cobrado el agua potable más barata del país, tan barata que el servicio nunca pudo financiarse con lo que se recaudaba.
Los números son elocuentes. Mientras el promedio nacional en capitales de estado ronda los 23.3 pesos por metro cúbico, en Monterrey se cobran 66 pesos, en Jalisco 76, en Aguascalientes 243 y en la Ciudad de México más de 600. En Villahermosa, en cambio, el Sistema de Agua y Saneamiento cobraba 87 centavos —menos de un peso— por ese mismo volumen.
Una tarifa baja no sería problema si alcanzara para cubrir los costos operativos del organismo. Pero cuando no es así, el deterioro del servicio es inevitable. Llevar agua potable hasta una vivienda implica gastos —extracción, conducción, potabilización, energía, personal y operación— que no desaparecen por decisión política. El IMCO ha señalado con claridad que, sin ingresos adecuados, el sistema simplemente no puede sostenerse. En Villahermosa, durante años, esos costos han rebasado lo que se recauda, y esa brecha termina reflejándose en la calidad del servicio.
A este panorama hay que añadir que la morosidad es alta y estructural. Quienes hoy invocan la proporcionalidad tarifaria deberían preguntarse si la tarifa anterior guardaba relación con el costo real del servicio o si era, simplemente, una ficción sostenida por inercia política. Los incrementos señalados son, por sí solos, engañosos si no se considera el punto de partida, es decir, una tarifa artificialmente baja, congelada durante décadas mientras la inflación encarecía los insumos que sostienen el sistema.
Vale la pena precisar el origen del ajuste. Las tarifas no surgen de una decisión aislada, sino de la Ley de Ingresos y un decreto aprobado por el Congreso del Estado, y su cálculo se establece en función de la Unidad de Medida y Actualización, que se actualiza cada año conforme a la inflación. Sin embargo, los incrementos recientes no pueden explicarse solo por ese mecanismo. En 2025, las tarifas llegaron a aumentar más del cien por ciento, lo que evidencia una reestructuración aprobada en ley para corregir el rezago histórico del sistema y fortalecer su capacidad financiera.
En otras palabras, no se trata de un movimiento arbitrario, sino de una decisión legal orientada a sostener un servicio que durante años operó con ingresos insuficientes.
Incluso con el alza, Villahermosa sigue lejos de los niveles que otras ciudades mexicanas pagan de manera ordinaria: en Hidalgo, el recibo mínimo mensual doméstico en 2026 es de 154 pesos; en Ciudad Juárez, los primeros diez metros cúbicos mensuales cuestan 281. Vista en ese contexto, la nueva tarifa local continúa siendo moderada.
El argumento jurídico que invoca los principios de proporcionalidad y equidad es formalmente correcto. No obstante, los tribunales también han sostenido que las contribuciones por servicios públicos deben guardar relación con el costo real del servicio, no con la tarifa históricamente cobrada. Un municipio que durante décadas cobró menos de un peso por metro cúbico, que acumuló déficits millonarios en infraestructura y en la que la mayoría no pagaba, no puede invocar ese pasado como parámetro de justicia.
Aquí es donde la organización social resulta valiosa. La energía ciudadana más eficaz no es la que exige volver al subsidio que deterioró el sistema, sino la que obliga a que cada peso recaudado se traduzca en tuberías nuevas, plantas potabilizadoras y drenaje digno. Solo así la tarifa dejará de ser un agravio percibido y se convertirá en el precio justo de un servicio que funciona, como siempre debió ser.