La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer recientemente los resultados del Diagnóstico 2026 del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), en el que el municipio de Centro, Tabasco, obtuvo el tercer lugar nacional entre 103 municipios evaluados.
Alcanzar esa posición no es sencillo, y técnicamente puede resultar difícil vincular este avance con el impacto directo de las obras y los servicios públicos en la vida de las personas. A primera vista, incluso podría parecer un logro paradójico, porque cuesta relacionar un reconocimiento técnico con el ruido de la calle, la fuga de agua, el bache, la luminaria fundida o la fila interminable en una ventanilla pública.
Para comprenderlo y evitar juicios equivocados, conviene precisar qué evalúa el PbR-SED. Este sistema no mide si una colonia tiene alumbrado, si hay demasiados baches o si el camión de basura llega puntual. Evalúa si un gobierno municipal sabe qué hace con su dinero, para qué lo hace, si las acciones emprendidas producen los efectos esperados y si esa información sirve para corregir y mejorar las decisiones del siguiente ciclo presupuestal. En otras palabras: evalúa la calidad del pensamiento institucional.
Este es un argumento de fondo en el que vale la pena detenerse, porque un gobierno que piensa bien gasta mejor, y un gobierno que gasta mejor puede atender con mayor precisión las necesidades de su población.
Cuando un municipio planea con rigor —identificando qué problemas existen, dónde están y con qué intensidad afectan a la sociedad—, los recursos destinados a los servicios públicos dejan de operar por intuición o por presión política del momento y comienzan a responder a diagnósticos técnicos. La diferencia entre ambas lógicas se traduce, con el tiempo, en luminarias que se reponen donde realmente hacen falta y no donde alguien influyente lo solicita; mantenimiento de vialidades que responde a criterios técnicos y no solo a la queja más estridente. El buen gobierno no garantiza resultados perfectos, pero sí aumenta la probabilidad de que los recursos limitados produzcan el mayor beneficio posible.
Hay otra dimensión que suele quedar fuera de los análisis técnicos y que merece especial atención: la confianza. Los municipios mexicanos arrastran un déficit histórico de credibilidad ciudadana. La percepción —muchas veces fundada— de que el dinero público se diluye en la opacidad o de que los programas existen en el papel, pero no en el territorio, ha abierto una brecha entre la institución municipal y el habitante común. Esa brecha no se cierra con discursos; solo puede acortarse mediante evidencias de que las cosas funcionan.
Un municipio que puede demostrar, con indicadores verificables, que sus metas presupuestales tienen sentido y que sus resultados se acercan a lo prometido, está construyendo un argumento de legitimidad. Cuando la ciudadanía percibe que su gobierno sabe lo que hace, es más probable que colabore con él, a través del pago de impuestos locales, de la denuncia ordenada de problemas y de la participación en consultas y programas públicos.
Es un camino complicado, porque la confianza en las instituciones se gana con el tiempo y se pierde en un instante. Sin embargo, el tercer lugar nacional en el PbR-SED sugiere que Centro tiene los cimientos para recorrerlo. Cuenta con un sistema de planeación que define hacia dónde va, un mecanismo de evaluación que verifica si va llegando y una lógica presupuestal que conecta ambos procesos. Eso, en un país donde muchos municipios aún no saben con precisión en qué gastan ni por qué, ya es un mérito relevante.
La pregunta de fondo es si ese orden institucional se convierte en experiencias positivas para los habitantes de Villahermosa, Parrilla, Ocuiltzapotlán, Macultepec o cualquier otra comunidad del municipio. Honestamente, todo depende de lo que se haga con esa capacidad. Un buen sistema de evaluación del desempeño es una herramienta, no un resultado en sí mismo. Puede producir servicios más eficientes si quienes operan este sistema entienden que la métrica es el medio para identificar aciertos, corregir fallas y tomar mejores decisiones.
En suma, lo que señala el tercer lugar nacional en este diagnóstico de la SHCP es que Centro ha demostrado disciplina institucional en un sistema que buena parte de los municipios del país aún no logra operar con coherencia. Eso importa, porque la disciplina institucional es una de las condiciones necesarias para que los gobiernos locales se conviertan en estructuras en las que la ciudadanía pueda confiar. El paso del orden administrativo a la mejora de la vida cotidiana no es automático, pero tampoco es inalcanzable.
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