* Formas federales de gestión, que no llegan a estados ni a municipios
* Desarrollo asimétrico: 6 entidades acumulan 60% de la deuda estatal
* Riesgo nacional 2027/30: politizar la economía, ¿o ya está politizada?
LA RENDICIÓN DE CUENTAS no llega de manera uniforme a los 32 estados. Imaginemos lo que ocurre en los 2 mil 478 municipios y alcaldías. México acumula deudas estatales que descuadran finanzas federales, hay un concierto de discrecionalidad por enjuagues y supervisión blanda. Existen protocolos de auditoría que no se aplican de igual modo en los estados, si vemos la contratación de la deuda. ¿Sesgo político? He ahí un factor incómodo para las finanzas públicas.
¿EL QUE SIGUE PAGA?
AL CIERRE del tercer trimestre de 2024, la deuda de los gobiernos estatales fue de 610 mil 472 millones de pesos, disminución real de 1.1% respecto al año 2023. No hay datos 2025.
En la renegociación de deudas públicas estatales, el dilema será: ¿por qué una entidad federativa sí y otra no? Importa aclarar criterios de colaboración entre federación y estados. Se discutirá la diferencia entre criterios políticos y financieros. ¿Pesan más criterios políticos que planes económicos por entidad? Hay responsabilidad compartida ante la ciudadanía. Cuestión candente que llegará al debate electoral de 2027, con oposición diezmada que se dice perseguida. Veamos un contexto delicado: endeudamiento sin planeación estratégica.
PASTEL Y 6 GLOTONES
EL DOCUMENTO ´Dinero y obra pública´ del Instituto Mexicano para la Competitividad (2015, con datos de Hacienda) ubica que la deuda estatal fue de 18 mil millones de pesos en 1993. Volábamos bajito. De ahí, para arriba. Veamos por sexenio: Carlos Salinas dejó esa deuda en 28 mil millones de pesos (1994); Ernesto Zedillo la llevó a 91 mil millones (año 2000), 300% de aumento; Vicente Fox la aumentó a 160 mil millones (2006), incremento del 80%; con Felipe Calderón la deuda pública estatal se fue a 435 mil millones (2012), 150% más; Peña Nieto enfrentó un 2016 terrible para varios estados, con gobernadores cuestionados y perseguidos por la justicia. Un año antes, en 2015, fueron 510 mil millones de pesos. ¿La obra pública avaló esos números? He ahí el problema: dinero público que no se ve, es sospechoso.
Con ese panorama llegó AMLO a la Presidencia en 2018. La tendencia se detuvo en su aceleración, aunque no mermó significativamente la deuda estatal. Y llama la atención la asimetría de recursos: El 59.5% de esa deuda se concentra en seis estados: Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Veracruz y Coahuila. Hay que considerar población y territorio, desde luego, para dimensionar compromisos y montos. Tlaxcala y Querétaro no tienen deuda, entidades pequeñas en territorio y población. Pero también, en el caso de Tlaxcala ya hemos mencionado que existe una norma constitucional que prohíbe heredarle deudas al siguiente gobierno. Finalmente, la contratación de deuda estatal no contempla criterios explícitos de desarrollo regional. ¿Política a consensuar?
SUPERVISAR, EL DILEMA
VARIAS PREGUNTAS persisten: ¿cómo se contrata la deuda pública estatal, a partir de qué planeación, junto con la federación o no?, ¿quiénes deciden qué cuánto y cómo?, ¿congresos locales, hacen algo más que firmar y aprobar?, ¿cómo se aplican los candados de supervisión?, ¿cómo entra en juego el nivel municipal que dispone de recursos federales y estatales? En términos formales hay procedimientos y papeleo que consta, aunque la realidad contradice el papeleo. Regularmente no hay responsables.
Desde 1988, México entró a una etapa de intensa competencia política. Sin embargo, no hubo mejor supervisión al dinero público. Los presupuestos cumplen en el papel: son discrecionales en la práctica. Entre federación, estados y municipios se requiere colaboración sin sesgo político y la supervisión de recursos bien aplicada. Profesionalismo, sin partidizar la economía.
( vmsamano@hotmail.com)