* Ley general de aguas: redistribución indispensable, derecho humano
* Acaparamiento salvaje de concesiones de agua, 1992-2016, ¿revertido?
* Informe de la Procuraduría Agraria: transa/simulación de productividad
ENMEDIO DE FUERTES debates por intereses corporativos afectados, se aprobó la nueva Ley General de Aguas (3/12/2025) que busca la redistribución indispensable de un bien público. Esta ley -impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum- surgió con diagnóstico devastador: crisis de distribución y propiedad, por privatizaciones salvajes que datan del periodo neoliberal 1992-2016. Problema principal: acaparamiento de mantos freáticos por grandes empresas de bebidas, alimentos y minería.
La nueva ley establece el agua como derecho humano fundamental, prohíbe la transferencia de concesiones entre particulares y aumenta sanciones por extracción ilegal. Habrá más debates sobre el control político del recurso y su impacto en productores agrícolas e industrias. Historias de ambición que abarcan amplio espectro de intereses: "asociaciones religiosas, inmobiliarias, Coca-Cola y Kimberly Clark, campos de golf, agroindustrias y personas físicas como exgobernadores e incluso el expresidente Vicente Fox han abusado de los títulos de concesión de agua, gracias al marco legal establecido desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari". (reportaje de Sinembargo.com, 25/9/2025).
CÓMO FUE
UN INFORME de La Procuraduría Agraria (13/12/2025) complementa la historia de acaparamiento del agua: "cientos de ejidos se transformaron en negocios inmobiliarios, industriales y turísticos, impulsados por un mercado de agua privatizado y operaciones irregulares, incluso con participación de exgobernadores". Mano negra política, no sólo empresarial.
Problema: "Alrededor de mil 500 ejidos y comunidades que durante décadas sostuvieron actividades agrícolas dejaron ese uso predominante para convertirse en terrenos destinados a parques industriales, complejos habitacionales y proyectos turísticos. La transformación se dio en territorios que concentran importantes concesiones de agua, las cuales fueron trasladadas a inversionistas privados." El ejido se privatizó, diríase.
El titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez, explicó que la mayoría de estos territorios cuentan con títulos de concesión que migraron a manos particulares tras las reformas al artículo 27 constitucional y a la Ley de Aguas Nacionales, aprobadas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Neoliberalismo en estado puro: explotación de un bien público que se convierte en bien de pocos. Negocio leonino con ´respaldo legal´.
La mayor parte de estos ejidos se ubican en los cinturones metropolitanos, áreas en expansión urbana, zonas turísticas y costas del país, donde la especulación inmobiliaria y la instalación de corredores industriales han crecido de manera notable. Suárez advirtió que "gran parte de las operaciones de renta o compraventa de tierras se realizan por fuera de la ley, con la participación de mafias agrarias."
Más de lo mismo: "durante el periodo neoliberal la propiedad social de la tierra fue tratada como botín. Aunque México cuenta con más de 32 mil 500 ejidos y comunidades, que concentran 75 por ciento de los recursos naturales estratégicos del país, el 8 por ciento de ellos están ya actualmente en manos de privados".
Caso ejemplar: 960 hectáreas en la costa de Nayarit, valuadas en 50 mil millones de pesos, equivalentes a más de 530 lotes inmobiliarios. Esas tierras fueron acaparadas por los exgobernadores Ney González y Roberto Sandoval. Ya fueron recuperadas por la fiscalía general de la República (FGR).
Hay diferentes áreas económicas que, como el agua, esperan rectificaciones jurídicas. ¿Objetivo ético? Menor desigualdad social.
(vmsamano@hotmail.com)