En México actualmente, la inversión en el sector energético solo representa el 2% del total que es realizado a nivel mundial, y dentro del TMEC el 12%. La inversión extranjera directa en el sector de energías solo representa el 3% de total que entra al país.
El total invertido en el sector energético por México, el promedio actual en la última década ha fluctuado, entre los 60 a 70 mil millones de dólares. A donde, el 90% de la inversión es pública, y el 10% privado. Pero esto ¿Es bueno para el país?, ante los cambios actuales que podría haber del costo del dinero en bajar, y sería adecuado que la parte privada asuma los riesgos.
En el 2026, es muy probable que presupuesto programado en el sector de energía; pueda ser igual o menor, ante la política de reducir el déficit presupuestal, y el aumento de una mayor cantidad en el desarrollo social, específicamente en la protección social en el rubro de programas sociales, que podrían llegar a un billón de pesos, y que sería casi igual al gasto de energía.
Pero primero hay que entender los riesgos que tiene la inversión pública en el sector de energía, y tener en cuenta que las empresas del estado mexicano, el 95% de sus actividades operativas, mantenimiento, y actualizaciones técnicas, dependen de la subcontratación de entidades físicas o morales, mediante licitaciones públicas, invitaciones restringidas o asignaciones directas para cubrir la demanda de los diferentes mercados.
A todo esto, debemos de entender, y comprender, que cualquier inversión en el sector de energía, uno de los principales riesgos de invertir dinero público, es la posibilidad de incurrir en sobrecostes o desviaciones presupuestales. Los proyectos pueden requerir inversiones adicionales, debido a factores imprevistos como cambios en el precio de materiales, fluctuaciones en la tasa de cambio, retrasos en la construcción, problemas logísticos o ambientales. Cuando los costos superan las proyecciones iniciales, se corre el riesgo de comprometer recursos destinados a otros sectores sociales prioritarios, afectando la calidad de vida y los servicios básicos para la población.
Además, los proyectos energéticos suelen ser de gran escala y largo plazo, lo que aumenta la incertidumbre en torno al retorno de la inversión. Un mal cálculo financiero, puede dejar a la entidad pública con activos subutilizados, devaluados o incluso inviables.
La inversión de recursos públicos en energía está sujeta a presiones políticas y a cambios en las prioridades gubernamentales. Es común que los proyectos sean utilizados como instrumentos de imagen o propaganda, estableciendo metas poco realistas o acelerando procesos, sin la debida planeación técnica. Los cambios en la administración pública pueden detener, modificar o incluso cancelar proyectos, generando pérdidas económicas y desconfianza en las entidades financieras y calificadoras.
Asimismo, existe el riesgo de corrupción, conflictos de interés y manejo poco transparente de los recursos ante proyectos carentes de una planeación adecuada. Incurriendo en no tener, mecanismos sólidos de rendición de cuentas, y supervisión independiente. Los proyectos pueden convertirse en focos de irregularidades, y desvío de fondos. A lo cual genera daños patrimoniales, no recuperables, y que depende de una buena gestión del órgano de fiscalización del cómo fueron usados. Esto es responsabilidad, por parte de la auditoria superior de una nación.
Dependiendo del mecanismo que sea utilizado para el tener acceso a tecnología, y que esta sea aplicada al sector energético, debe ser considerado la constante evolución de esta, y con tecnologías emergentes actuales, y que pueden volver obsoletas a las inversiones actuales, en apenas unos años. Apostar recursos públicos a una tecnología específica, implica el riesgo de que dicha tecnología pierda competitividad, lo que puede traducirse en activos varados (stranded assets) y pérdidas económicas, por tal motivo debe haber una continua renovación del cómo es usada la tecnología.
Un fallo tecnológico puede retrasar la operación, elevar los costos o reducir los beneficios esperados. Por lo tanto, las regulaciones y leyes deben estar siendo adaptadas en forma continua, basada en una cuestión técnica, y no política, bajo órganos reguladores capaces del comprender, y aplicar los cambios geopolíticos, y del mercado interno con base a la demanda y consumo en el mediano a largo plazo.
(– Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos)