SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE
Hacia finales de 2025 e inicios de 2026, los Contratos de Participación Productiva(CPP), han incrementado sustancialmente su participación, alcanzando hasta un 70%, equivalente a más de 700,000 barriles diarios de la producción de crudo en determinadas zonas operativas de Venezuela.
Las empresas mixtas continúan representando la principal estructura formal para la gestión de activos a largo plazo. Sin embargo, los Contratos de Participación Productiva (CPP) se emplean como mecanismo operativo para optimizar la producción en pozos maduros y campos específicos de manera inmediata. En este contexto, la EMPRESA privada lleva a cabo actividades de prospección, exploración, extracción, tratamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, asumiendo íntegramente los costos, la gestión y los riesgos asociados dentro del área geográfica asignada.
Los contratos CPP podrían representar un incentivo económico relevante para Venezuela, al ofrecer mecanismos de comercialización más directos y evitar la necesidad de otorgar grandes descuentos en la venta de petróleo. Esto permitiría a las empresas asignadas recuperar su inversión de manera más eficiente, gracias a la posibilidad de incrementar rápidamente el volumen de producción.
De continuar el acuerdo con Estados Unidos, sería posible observar una reactivación económica, especialmente en el sector de pequeñas y medianas empresas (PYMES). Las compañías que administran campos petroleros, así como las empresas de servicios asociadas, requerirán insumos como alimentos, hospedaje y transporte, generando oportunidades tanto para las comunidades locales como para quienes se trasladen por motivos laborales. Adicionalmente, los 23 estados y los 335 municipios del país podrían beneficiarse mediante un aumento en la actividad económica y el desarrollo regional. No obstante, dichos resultados estarán condicionados a la existencia de un entorno fiscal competitivo, la minimización de la corrupción y la agilización de trámites administrativos para facilitar, el acceso a recursos generados de las actividades petroleras para la sociedad, y mejora del país.
Venezuela tiene potencial para desarrollarse, siempre que se evite la concentración del poder y los recursos en manos de una sola persona o grupo. Es fundamental promover una distribución equitativa que permita a todos participar y acceder a las oportunidades dentro del nuevo mercado de hidrocarburos y, posteriormente, al desarrollo del sector eléctrico. Con la reactivación económica, será indispensable garantizar la provisión eficiente de servicios básicos como agua y electricidad, cubriendo así las necesidades derivadas del aumento de actividades y población, actualizando con esto al país para el futuro energético dentro del mundo.
Se espera que la ciudadanía venezolana pueda aprovechar esta segunda y última oportunidad ante la posible inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos, en lo relativo a nuevos proyectos de inversión. Estas iniciativas podrían favorecer el aumento de la recaudación fiscal, la generación de empleo y una mejora en el poder adquisitivo de la población. Asimismo, se prevé que estos efectos se reflejen en una reducción de la inflación, como resultado de una mayor oferta en los distintos sectores económicos del país.
En México, los contratos mixtos representan una estrategia clave para incrementar y mantener la producción conforme a los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Energía 2025-2030, que contempla alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios al cierre de la década, resultado del esfuerzo conjunto entre PEMEX y operadores privados. Surge la interrogante de si los contratos implementados desde 2015, a través de rondas y los esquemas mixtos, continúan siendo adecuados frente a la actual coyuntura geopolítica y las nuevas tendencias en atracción de inversiones.
Si México establece una producción máxima, destinando parte de ésta para el envío a refinerías con el propósito de alcanzar la autosuficiencia únicamente en diésel —y no en gasolina, turbosina, GLP— surge la pregunta sobre la viabilidad de modificar los modelos actuales. ¿No sería posible replantear esta estrategia, como lo ha hecho Venezuela, para que la Secretaría de Energía pueda adaptar el modelo de Contratos de Participación Productiva? El objetivo sería incrementar la renta petrolera nacional ante la falta de ingresos a corto plazo para cubrir el gasto presupuestal y reducir el nivel de deuda causada por el déficit anual.
El actual modelo de contratos de extracción en México, que incluye rondas, asignaciones, esquemas mixtos, contratos de obra pública financiada y otras modalidades, carece de relevancia en el nuevo contexto geopolítico proyectado para 2026, donde el petróleo seguirá siendo un recurso clave en las transacciones económicas globales. Es imprescindible que México revise y adapte su modelo para responder eficazmente a las necesidades y demandas de quienes requieran y deseen acceder al petróleo. (– Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos)