No me refiero a aquellos personajes que según se cuenta, tienen conocimientos ocultos o prácticas esotéricas que no deben divulgarse, y se les conoce como ocultistas.
Me refiero a otro grupo de personas que convergen en la función pública y tienen en sus manos información oficial susceptible de hacerse pública pero que por razones administrativas o viejas prácticas, prefieren ocultarla a los ciudadanos que la solicitan.
Desde el sexenio de entonces presidente Vicente Fox Quesada se hizo efectivo en la teoría y con la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el derecho de todos los ciudadanos a solicitar información pública, y en caso de negatividad, acudir al órgano garante.
Después el IFAI cambió a INAI y ahora este último órgano garante ha desaparecido.
Pero decía, el ciudadano, de acuerdo con lo normado en el artículo sexto constitucional, tiene derecho al acceso a la información pública, pero para llegar a ese ejercicio primero debe ejercerlo. Es decir, el ciudadano tiene derecho a pedir información a los órganos públicos denominados sujetos obligados, pero una cosa es pedir, solicitar, y otra cosa es que el sujeto obligado cumpla con la petición o entregue la información solicitada.
Las respuestas casi siempre a los ciudadanos solicitantes, viene en el sentido negativo. ¿Las razones?: Detrás de cada órgano de transparencia hay ocultistas de la información pública.
Estos ocultistas son los expertos en derecho que lejos de tener la intención de entregar la información, tal y como debería de ser, se encargan precisamente de frenar toda petición, utilizando todas las argucias que la ley de la materia les provee.
Pero este ejercicio de petición de información fue concebido para que cualquier ciudadano, sin ser experto en derecho, pueda solicitar información y así tener acceso a la información pública.
Entonces ¿cómo puede un ciudadano desconocedor del derecho y de la ley de la materia, encuadrarse con exactitud a lo normado?
¿No deben los órganos de transparencia, en aras de hacer efectivo este derecho, suplir todas las deficiencias del ciudadano peticionario? Y en el mismo sentido, ¿no es vocación del servicio público, transparentar todo lo ejercido y por tanto, entregar la información al ciudadano?
¿Por qué incluso, la información mínima de oficio que debería estar actualizada tal y como lo ordena la ley de la materia, se encuentra desfasada y llena de vericuetos de tal forma que, para acceder a la información, se requieren muchos clicks en páginas que no abren o que conducen a un laberinto para que desalentados, se opte por mejor abandonar la búsqueda?
Por razones políticas y económicas ha desaparecido el órgano garante federal y en Tabasco el ógano garante local. Sus labores estaban muy limitadas por la misma ley, la misma ley no cuenta con dientes suficientes para hacer efectivo el ejercicio de la rendición de información a los ciuadanos.
Ahora por disposición legal y administrativa, otro órgano sustituirá a otrora llamado órgano garante federal, que tenía como premisa fundamental la autonomía en la toma de sus decisiones, aunque es claro que la autonomía es un concepto teórico que casi siempre se apartó de la realidad.
Se nos dice que con la desaparición del órgano garante habrá un gran ahorro económico ante lo oneroso que era mantenerlos, y es probable que igual haya también más ahorro de información pública, pues los ocultistas detrás de los órganos de transparencias cada día tienen más formas de impedir bajo argucias legales, que la información se entregue a los peticionarios y por ende, se dé a conocer, así es la transparencia en nuestro país.
COLOFÓN: Ya está circulando La Tinta Indeleble-Nueva Época, un órgano informativo y formativo cuyo objetivo es propiciar el diálogo y el debate en temas políticos, culturales y sociales de Tabasco, la región sureste y el país.