El presente mes de enero ha sido una aduana crítica en el tema migración en Estados Unidos. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses durante diferentes operaciones migratorias. El hecho, descrito por medios locales como un uso "desproporcionado de la fuerza", desató protestas inmediatas en la ciudad. Apenas tres días después, el 27 de enero, agentes intentaron ingresar sin autorización al Consulado de Ecuador, lo que motivó una protesta oficial del gobierno ecuatoriano y abrió un frente diplomático inesperado.
Estos episodios no son aislados. Reflejan una política migratoria que ha normalizado la violencia y la criminalización de comunidades enteras. La separación de familias, con menores dejados sin custodia, se ha convertido en consecuencia recurrente de las redadas. A ello se suma la denuncia de que agentes reciben bonificaciones por cada inmigrante detenido, un incentivo perverso que convierte la persecución en negocio y multiplica los abusos.
Ciudades santuario: resistencia bajo asedio
Las llamadas ciudades santuario —jurisdicciones que limitan la cooperación con ICE— han sido un contrapeso a estas prácticas. Sin embargo, su futuro es incierto. La administración federal ha amenazado con retirar fondos y criminalizar a autoridades locales que se nieguen a colaborar. Minneapolis, escenario de la tragedia reciente, es parte de este mapa de resistencia. La pregunta es si estas ciudades podrán sostener su modelo frente a una política nacional de endurecimiento.
Cero tolerancia y autodeportaciones
La política de "cero tolerancia", instaurada en 2018 y ahora revitalizada, convirtió la migración en delito y legitimó la separación sistemática de familias. A la par, las llamadas autodeportaciones —estrategias para generar un ambiente hostil que obligue a migrantes a irse por miedo— han vuelto a la agenda. Redadas, amenazas de pérdida de empleo y negación de servicios son parte de un arsenal que erosiona el tejido social y empuja a comunidades enteras hacia la informalidad.
Deportaciones como métrica de éxito
El incremento de deportaciones se presenta como indicador de eficacia gubernamental. Pero medir la política migratoria en números ignora la dimensión humana y jurídica. Cada deportación es una historia truncada, una familia rota, una comunidad debilitada. El caso Minneapolis muestra que incluso ciudadanos estadounidenses pueden ser víctimas de un aparato que privilegia la represión sobre la integración.
Comparaciones históricas y regionales
Lo ocurrido en Minneapolis se inscribe en una genealogía más amplia de persecución migratoria en América:
● México en los años 30 y 40: durante la Gran Depresión, Estados Unidos deportó entre 400,000 y 1 millón de mexicanos y mexicano-americanos, muchos de ellos ciudadanos. El paralelismo es claro: ciudadanos convertidos en sospechosos por su origen.
● El programa Bracero (1942-1964): diseñado para suplir mano de obra agrícola, terminó en abusos sistemáticos y deportaciones arbitrarias. La migración vista como recurso descartable.
● Venezuela en los años 80 y 90: la crisis económica llevó a la criminalización de migrantes colombianos, acusados de ser responsables de la inseguridad. Expulsiones masivas legitimadas por el miedo.
● Guatemala y El Salvador en los 2000: migrantes hondureños y nicaragüenses fueron perseguidos bajo políticas de "mano dura" que los asociaban con pandillas, justificando redadas sin debido proceso.
Minneapolis no es un accidente aislado, sino un espejo de estas prácticas históricas: la migración convertida en amenaza, la diferencia en sospecha, la violencia en política.
Y finalmente, también lo ocurrido en Minneapolis no es un accidente aislado, sino parte de una larga historia de persecución que, por donde se le vea, criminaliza la migración. Desde las deportaciones masivas de mexicanos en los años 30 hasta la criminalización de colombianos en Venezuela, la región ha conocido el rostro de Estados que convierten la migración en delito y la diferencia en sospecha. Hoy, ICE reproduce esa misma lógica, con un agravante: la violencia letal contra ciudadanos y la violación de normas diplomáticas; y, por último, la detención del periodista Don Lemon confirma que la crisis migratoria en Estados Unidos ya no se limita a la persecución de migrantes: ahora alcanza a quienes documentan los abusos. Cuando un Estado mata ciudadanos, viola sedes diplomáticas, separa familias y arresta periodistas, no estamos ante excesos aislados, sino ante un modelo punitivo que busca operar sin testigos. Minneapolis no es solo un espejo del pasado latinoamericano: es una advertencia sobre el futuro democrático de Estados Unidos. La pregunta es si Estados Unidos seguirá repitiendo los errores del continente o si podrá construir un modelo que reconozca la migración como fenómeno humano y no como amenaza.
ICE se ha convertido en el símbolo de un Estado punitivo que premia la persecución y normaliza la violencia. La muerte de dos ciudadanos, la separación de familias y la violación de normas diplomáticas no son excesos aislados, sino el rostro de una política que mide su éxito en detenciones y deportaciones.
Aunque la intervención de Tom Homan, encargado por Donald Trump para poner orden en Minnesota y también zar de la frontera con México desde el inicio de la segunda presidencia de Trump, ante los medios el pasado jueves 29 de enero matizo sobre los excesos de los agentes de ICE, pero reconoció que se han extralimitado en sus acciones, ofreció ajustes a las operaciones y focalización de objetivos. Más allá de esas declaraciones que está por verse su cumplimiento, la pregunta que queda es si Estados Unidos seguirá repitiendo los errores del continente o si podrá construir un modelo que reconozca la migración como fenómeno humano y no como amenaza.
La migración no es un delito, es un fenómeno humano. Convertirla en negocio y justificar la violencia es la verdadera amenaza a la democracia y a una movilidad que todo ser humano debiera ejercer como parte de su libertad y de los derechos inherentes a cualquier persona.