NOTA BENE

Acabar con la corrupción, vuelve a la palestra

Justo después del 1 de julio Andrés Manuel López Obrador desplegó una actividad intensiva en todo el país, poniendo sobre la mesa proyectos, dando a conocer a la gente de su equipo, sentando las bases de lo que será su futuro y próximo gobierno y, en ese maremágnum, se diluyó en cierta medida su principal promesa de campaña: Acabar con la corrupción. Desde el lunes vuelve ese objetivo a su discurso diario al recordar en declaraciones que “no fue una promesa de campaña de esas que luego se olvidan y no se cumplen. Vamos a acabar con la corrupción”.

Al igual en Tabasco el gobernador Electo, Adán Augusto López Hernández también siguió esa misma tónica al decir que “reconciliación no es impunidad” asunto que ya le estaban recamando desde distintos sectores sociales y que servía a los agoreros de “mal agüero” para enturbiar los ánimos dejando ver, sin decirlo explícitamente, que había pactos inconfesables, asunto que ha quedado claro con la rotundidad de sus palabras. Para acabar con la corrupción digamos “media”, de los cargos públicos no electos, se están preparando una serie de candados y estrategias, en las que tendrá mucho que ver Rosalinda López, más que probable responsable de esa área en Hacienda, y leyes que penalizarán mucho más duramente este tipo de conductas tan dañinas para la sociedad.

Pero la corrupción a lo grande, la de los cargos públicos electos que por ley ostentan un gran poder y opacidad en sus administraciones, requiere no solo de un férreo control interno sino también internacional. Me explico: Por ejemplo, ha sido práctica habitual entre los gobernadores corruptos, el desviar grandes sumas de dinero de las participaciones federales a fondos que los reciben en los paraísos fiscales pagando a su vez unos intereses más que jugosos por, digamos, “la inversión” en bancos y agencias que necesitan de grandes capitales para prestárselo a naciones que no se benefician, o no pueden hacerlo, por su economía en bancarrota, de los préstamos que otorga el Fondo Monetario Internacional y por ello acuden al financiamiento privado de estos bancos que garantizan el secreto.

En pocas palabras, esos gobernadores corruptos agarran el dinero que reciben del gobierno federal, lo meten a plazo fijo en estos paraísos fiscales durante un tiempo, por lo general 3 o 6 meses, y después retiran los fondos, los devuelven a las cuentas legales del gobierno para su disposición, pero los intereses, tremenda cantidad de intereses porque estamos hablando de cientos o miles de millones de pesos, se los embolsan de forma personal, en efectivo, en maletas.

Aquí el problema es que en sus estados la población deja de percibir determinados servicios, o se atrasan en los pagos a los proveedores dejándolos al borde de la quiebra, o a los propios trabajadores les afectan inmisericordemente su ya escasa economía. Pero por conservar sus contratos o puestos de trabajo no tienen otra salida que aguantar, aunque si se le va la mano al gobernante, estallan y salen a la calle en algaradas a protestar. Para acabar con esas costumbres delincuenciales de esos mandatarios sátrapas, solo queda fiscalizar el dinero en toda ocasión y que los gobiernos estén obligados a aceptar revisiones aleatorias, en cualquier momento, para que sientan que no pueden mover el dinero público como si fuera privado, sin que eso tenga consecuencias penales, más aún con la terminación del fuero que se avecina.

Por Antonio López de la Iglesia