En la nación de unos cuantos (Monsiváis dixit), las declaraciones en casos ejemplares son sociología política de primer orden: criminales que acusan el gobierno (Joaquín Guzmán), periodistas que descifran silencios y anuncian casos amarrados (Víctor Hugo Ortega), mandatarias estatales que han visto ´listas rojas´ (Maru Campos), dirigentes que piden ficha terrorista para un partido político (Alito Moreno) o analistas que revelan su obsesión por los nombres, sin analizar nada (Leo Zuckerman).
No podemos cambiar de país. Medite el lector en el sentido político y social de las siguientes declaraciones sobre el caso Sinaloa. Pasen y vean.
¿Silencio en la sala?
Víctor Hugo Arteaga, periodista de investigación (7/5/2026): "Donald Trump es bravucón, le encanta hablar de estos temas y, sin embargo, guardó silencio una semana. ¿Por qué? Porque el caso lo tienen perfectamente amarrado. Estaban esperando ver cómo reaccionaba el gobierno mexicano y todas sus instituciones." Es la sentencia antes del juicio. Aunque llama la atención el silencio (¿estratégico?) de Trump.
En carta a un juez estadounidense para pedir su traslado a México (1/5/2026), Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, dijo: "el gobierno mexicano fue responsable de todos los delitos violentos; yo no le hice daño a nadie". No más preguntas, su señoría.
María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua: "los que me citaron están en la lista roja de los Estados Unidos". ¿En dónde vio esa lista colorada, Maru? No fue en el congreso de la unión. "A uno se le habla mal por desmantelar un laboratorio y a otro se le defiende a capa y espada", declaró después. A esto respondió la presidenta Claudia Sheinbaum: "es falso y es notorio. (...) ellos [gobierno de Chihuahua] decidieron colaborar con el gobierno de Estados Unidos fuera de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Por esa razón la FGR abrió carpeta de investigación. Así de sencillo."
Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI: "pido al gobierno de los Estados Unidos que Morena sea clasificado como organización terrorista." ¿Así o más prudente? Bueno, Leo Zuckerman, conductor de "La hora de opinar", insiste cada vez que puede: "aquí hay un responsable, se llama Andrés Manuel y se apellida López Obrador". En una de esas ocasiones, el analista Carlos Pérez Ricart reviró: "Leo, eso no es análisis. No podemos tener como punto de partida del análisis serio filias y fobias. No es ético. En todo caso, ¿quién tiene pruebas contra López Obrador y su complicidad con el narcotráfico?, ¿no crees que AMLO tiene demasiados enemigos y que las pruebas ya circularían en los medios?", en su columna ´Extradición envenenada´ del diario Reforma (7/5/2026), Pérez Ricart apuntó: "si bien la extradición puede llevar a castigos merecidos, a menudo se convierte en una herramienta con incentivos perversos, donde la negociación y la obtención de información prevalecen sobre la búsqueda de la verdad y el juicio."
Dos tipos de cuidado
Raymundo Riva Palacio no duda (nunca duda aunque los hechos lo desmientan): "Cuando [desde el gobierno mexicano] pidan las pruebas, deben recordar el caso de Genaro García Luna, donde se admitieron testimonios de criminales sin necesidad de pruebas para respaldar sus dichos... y se le condenó a 38 años de prisión". Acotación: hubo cuenta millonaria incautada por Estados Unidos y un portafolio con miles de dólares del que no acreditó procedencia.
Carlos Ramírez y el proceso legal del caso Sinaloa: "El gobierno mexicano está obligado investigar aquí lo investigado en EU y determinar si la argumentación en el documento de 34 páginas es suficiente para arrestar a Rocha Moya y nueve coacusados y entregarlos a la justicia estadounidense para que respondan a los cargos en tribunales estadounidenses donde fueron presentados y de donde partió la orden originaria de aprehensión. Y si Rocha Moya y los nueve coacusados convencen a los tribunales estadounidenses de su inocencia, entonces podrán ser regresados a México y reinstalados en sus cargos políticos."
Hasta ahí, domina la mano jurídica estadounidense, aunque sin sentencia definitiva. Luego viene un paso -arresto- que Ramírez ubica como inevitable: "Pero el proceso establecido por el Tratado de Extradición obliga como primer espacio inevitable al arresto y encarcelamiento de los acusados hasta que se desahoguen las pruebas presentadas –pocas o muchas– y entonces responder si hay inocencia o culpabilidad." De ahí la conclusión: "El de Rocha Moya no es caso de soberanía sino de procedimiento judicial delictivo." ¿Sin interés político estadounidense, Carlos? Tocayo soberano: ésa ni tú te la crees. Trump, como en Venezuela quiere algo más que a los narcos.
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