Hay una marcada diferencia de la libertad de manifestación reconocida por el Estado de Derecho, no así el libertinaje consecuente con un comportamiento escalando al nivel de vandalizar cuanto hallan a su paso. Aun con esta sistemática conducta que igual afecta a terceros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación posee un pacto de inmunidad equiparable al fuero sin que se les procese por transgresión a las leyes; no son procesados por una complacencia del oficialismo que data de la década de los 80´s del Siglo XX.
Cercar el perímetro que rodea los accesos a Palacio Nacional, afectar la herrería de la Secretaría de Gobernación, hasta irrumpir ambas terminales del aeropuerto internacional Benito Juárez en donde igual se introdujeron hasta las salas de espera, son actitudes tipificadas como delitos, que no tienen por qué admitir tolerancia en un país de derechos y obligaciones.
La autoridad debe proceder para inculpar a organizaciones violentas por daños al mobiliario público, así como a los establecimientos comerciales, con pérdidas millonarias por la recurrencia de atroces movilizaciones. Las evidencias son inocultables como para proceder con quienes en primer orden lideran, aunque muy poco dan la cara. ¿Por qué será que no se les aplica la prisión preventiva simple y la oficiosa?
Independientemente de los regímenes, al oficialismo no debe temblarle la mano para imponer las responsabilidades civiles y penales a una organización como la Coordinadora que, aunque disidente conservan su membresía dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Legalmente, los asuntos de inconformidades deberían tratarse en instancias internas para luego en lo institucional buscar soluciones.
Qué paradoja, un ala del profesorado de la educación que atienden a 8 millones de alumnos de nivel básico de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Michoacán, entre otros, abandonados en el último tramo del ciclo académico.
Por lo contrario, quienes deben ser ejemplos de civilidad en todo momento que han saltado a la palestra del escaparate de lo público muestran su irracional instinto animal al no hallar respuestas a sus caprichos; los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, surgidos el 17 de diciembre de 1979 en protesta por la corrupción sindical, ancestralmente vandalizan cada vez con mayor furia; incluso en Chiapas llegaron a incendiar los edificios sedes de partidos políticos y con recurrencias toman por asalto las casetas de cobro de peaje en carreteras.
Qué pactos de inmunidad tienen vigente desde hace 46 años con el oficialismo que ninguno de los regímenes se atreve a hacer valer el Estado de Derecho; la constitución y leyes. La autoridad no procede a imponer las sanciones cuando hay una evidencia que marca la línea entre la libertad y libertinaje derivada en violencia en la que igual incurren otras organizaciones sindicales y colectivos sociales, sin olvidar la infiltración de los anarquistas que vestidos de negro y rostro cubierto con cobardía realizan pintas del mobiliario público, incluido monumentos, así como destruyen comercios.
A la lista de organizaciones violentas, que lejos de ser sancionadas se les consciente y hasta aplaude envueltos en la bandera de una absoluta complicidad, se suma el Sindicato Mexicano de Electricistas vinculados a una dependencia gubernamental metropolitana como Luz y Fuerza del Centro, extinguida en octubre de 2009 por la insolvencia y quebranto a la que la orillaron unas exorbitantes prestaciones que ninguna de la organización sindicales posee, excepto Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Aunque los liderazgos de estos entes sobre todo vinculados a lo gubernamental en efecto sí están marcados por la corrupción.
Se dicen respetuosos de las leyes, pero las trasgreden; se asumen libres, pero obligan a los agremiados incluso a abandonar sus responsabilidades laborales; se dicen democrático, pero cuando se trata de elegir son amenazados, así son las organizaciones sindicales gubernamentales y privadas. Aún más las que posee antecedentes de violentas.
Con el antecedente de los problemas que hay en la Ciudad de México, a las organizaciones sindicales y civiles nada les importa asfixiar la vialidad con lo que impacta la calidad del aire por ozono, la movilidad de sus residentes; así como la afectación al flujo de la economía, en la que se incluye la atracción de turismo nacional y extranjero; el impacto se refleja en pérdidas económicas.
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