A qué se deberá que en la transversalidad de las reformas electorales gestadas en la contemporaneidad de medio siglo no pongan el acento autocrítico de exigencia para elevar el nivel de competencia entre el sistema de partidos políticos, excepto la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que en 1977 abrió a la pluralidad por el acceso al poder de la gobernanza, cuando el régimen del dominante Partido Revolucionario Institucional tuvo como satélites al Partido Popular Socialista y al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y como única oposición a Acción Nacional.
Entonces salieron de la clandestinidad aquellos colectivos reprimidos por representarle un riesgo al régimen, al pensar distinto e influenciar al colectivo social; los de ideología afines a la izquierda como el Partido Comunista Mexicano y el Partido Socialista de los Trabajadores, principalmente; además de otros que igual fueron prohijados por el oficialismo como el Partido Demócrata Mexicano.
Sin embargo, la exigencia de rigidez en la conformación de partidos políticos ha sido tan laxa, obsequiosa, como para que desde entonces emergieran literal como una plaga, con el único propósito de obtener un botín económico a cambio de servilismo.
La lista de organizaciones embozadas de civiles sería interminable, sumado a las prebendas de un patrimonio mal habido como inmuebles y muebles que entonces no regresaron a la Federación, como sí sucede desde el año 2009 por la reforma electoral que hubo dos años antes.
Nada más no tendría sentido de lógica que la tendenciosa comisión a cargo de presentar una vez la reforma electoral no tenga el foco en el que se implementen reglas que armonicen con elevar la competitividad de los partidos políticos, estos que en su génesis incluso durante un año luchan por acreditar el 0.26 por ciento de militancia respecto del Padrón de Electores; mientras que en el caso de candidaturas independientes para la presidencia deben acreditar el 1 por ciento en el lapso de meses; aunque estas posiciones destinadas a civiles son rehén de políticos resentidos que no logran el consenso en partidos políticos.
Si los del Partido Verde Ecologista y los del Trabajo, ambos satélites sin oficio ni beneficio para pujar por una genuina justicia social entre los mexicanos, sino mirar por sus mezquinos intereses, en su momento protestaron porque se propuso elevar a 4 por ciento el umbral de votación para revalidar el registro en elecciones, y se quedó en 3 puntos que en solitario no logran, el grito sería ensordecedor si se elevara a 5 por ciento, alegando la desgastada retórica de un atentado a la democracia.
Qué se podrá esperar del sistema de partidos, incluidos quienes han estado en el oficialismo, cuando cierran los espacios para ahogar a quienes emergen con capacidades para ejercer la política en pro del bien común, y en su lugar optan por privilegiar a los mismos rostros, nombres y apellidos que han usufructuado las posiciones de gobernanza por décadas.
Por qué mirar la paja en un Sistema Nacional de Elecciones para erosionarle, sin antes mirar en la viga de la mediocridad entre partidos políticos que estén al nivel de las complejidades de los tiempos y circunstancias; que en los hechos posean argumentos para cumplir con lo comprometido ante los electores, y no aprovecharse de la buena fe para mirar por su mezquino interés cuando el México de hoy navega en la precariedad.
No sólo ha sido el Partido Verde Socialista de México el único que ha amasado una gran fortuna bajo el paraguas de las convencieras alianzas con aquel de la supremacía que le asegure la subsistencia y una rentabilidad, sin importar que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enuncie su conformación ciudadana y el acceso de su militancia al poder.
Una organización mercantilista capaz de doblar al priista Arturo Núñez Jiménez, al perredista Porfirio Muñoz Ledo y al panista Carlos Medina Plasencia por Jorge Emilio González Martínez, para que se redujese la edad para senadurías y este pudiera acceder en el 2000 a un escaño en esa cámara.
El Partido de la Sociedad Nacionalista de Gustavo Riojas Santana fue otro que obtuvo su registro compitió en alianza en el 2000, aunque perdió su registro en el 2003; con el beneficio de que junto con su esposa Bertha Alicia Simental García y su hermana Patricia Riojas escalaron a una diputación federal. Sin aportar nada a la justicia social, destinaron las prerrogativas económicas incluso para adquirir una residencia.
Qué se puede pensar cuando el que fuese Partido Encuentro Social, que volvió como Partido Encuentro Solidario, ahora pretende regresar como Sociedad Construyendo Paz, con injerencia religiosa; así como en 2021 Fuerza por México tuvo detrás al líder sindical Pedro Haces. Sin embargo, el Tribunal Electoral obligó al INE a registrarles cuando la constitución prohíbe el corporativismo.