Los Poderes de la Unión, la Presidencia de la República, así como el Senado y la Cámara de Diputados, están obligados a mostrar con hechos que el Poder Judicial, en orden jerárquico la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que desde este 1 de septiembre rendirá protesta, será impoluta; autónoma en el cogobierno de la división de poderes; aunque el discurrir del tiempo les confirmará el irrestricto apego de sus sentencias al control de constitucionalidad y de convencionalidad.
Deberá prevalecer por sobre todo, sin margen a regateo alguno, el respeto a los universales derechos humanos inscritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por múltiples tratados internacionales afines que se tienen firmados; sobresalen la libertad de pensamiento y de expresión que en los meses recientes se transgreden en Campeche, al prohibirse críticas sustentadas hacia la gobernadora; y en Puebla al intentar restringirles incluso las redes sociales por supuesto acoso a la reputación de las personas.
La Corte que presidirá Hugo Aguilar, a contracorriente de voces al interior, deberá evidenciar en hechos que honrará su compromiso manifestado de haber sido designado en una elección popular y no porque alguien lo haya puesto, deberá ser el principal interesado en tener congruencia entre la investidura y la institucionalidad de hacer genuina justicia.
Cuestionada la complejidad de la elección del Poder Judicial con incidencias en la participación de una minoría del 13 por ciento respecto del Listado Nominal del INE, también magistraturas, jueces, y demás cargos en su ámbito de competencia están obligadas a validar la congruencia la probidad que se argumentó ser nula por quienes antes allí estuvieron; consecuente con el nepotismo y la corrupción que iban en el deterioro del correcto ejercicio de la función pública.
El estrés será el gran desafío para aprender a cohabitar por la misma naturaleza del cargo y la problemáticas de los incontables expedientes, distintos unos de otros; pero sin duda serán aún más los de observatorios de organizaciones ciudadanas y los de universidades que les vigilarán con lupa quienes le implicarán una presión superlativa por el escrupuloso análisis sobre cada uno de los casos, unos con más trascendencia que otros; el consolidado del corte de caja podría ser una sentencia civil que les marcará en el punto de inflexión de una transición en la naturaleza del contrapeso en la gobernanza judicial.
Aunque las miradas y las críticas estarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre cada uno de sus integrantes, con el acento en las 3 ministras que repiten en la investidura como juzgadoras, declaras por igual ser fieles afines a la ideología del Poder Ejecutivo y del partido político del cual reconocieron ser parte.
Más allá del celo que les confronta, Yazmín Esquivel Moza, Loretta Ortiz y Lenia Batres Guadarrama, con el asterisco de sus respectivas controversias enfrentarán la decisión de abrazar la convicción del Poder Judicial u optar por mantenerse en el mismo lugar de alineamiento.
La Corte como el máximo órgano en el que reside los asuntos de controversia en lo civil y en los que se le vincule directamente a la autoridad deberá encarar con los argumentos constitucionales y de convencionalidad la sentencia que corresponda, con independencia, bajo el paraguas de la deliberación de los por qué de su decisión sobre el sentido del voto que emitan cada uno de los 9 ministros en igualdad paritaria, 5 mujeres y 4 hombres.
En el fondo de la forma cada uno de los votos nominativos deben tener argumentos puntualmente jurídicos y los principios por los que se rigen las sentencias; congruencia y la exhaustividad, preceptos enunciados en el artículo 17 constitucional que busca impartir justicia completa.
La congruencia exige que la sentencia se ajuste a lo pedido y no se contradiga internamente. La exhaustividad implica que la sentencia debe responder a todos y cada uno de los puntos planteados, de esta convicción debe emerger la armonización de un pleno que se busca que sea impoluto, sin ningún interés que no sea el de impartir justicia.
Bitácora
Cambio en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, sale Gerardo Fernández Noroña, dicho por miembro del cuerpo legislativo, siendo cantinero nunca entendió el rol y siguió siendo «el mismo borracho de siempre». En su lugar queda Laura Itzel Castillo, hija del histórico Heberto Castillo; prometió institucionalidad, pero se olvidó marcar la raya de la independencia entre poderes. Sí apoyar, pero igual enmendar la plana en donde corresponda a las iniciativas del Ejecutivo.