A días de iniciar un nuevo ciclo calendario anual, los deseos de los personajes públicos en la función ejecutiva y legislativa mexicana deberían encausar genuinamente a honrar esta corresponsabilidad a concretar en hechos lo comprometido en el estándar de la prosperidad, progreso o como se quiera catalogar; que entre ideologías resulta ser el mismo propósito. A la «Democracia Participativa», las colectividades sociales, debe ser favorecida por un entorno de justicia social sobre el entramado de políticas públicas estructurales que sin sectarismo corresponde instrumentar por la «Democracia Representativa», la gobernanza votada directa e indirectamente.
Aunque la «Democracia Representativa» debe involucrarse en el acompañamiento y no dejar sola a la «Democracia Representativa» para asegurarse que esta en efecto cumpla con el mandato elector de que hallen armonía todos los satisfactores que configuren la justicia social, reflejado igual en disminuir las asimetría socioeconómicas entre regiones, estados y al interior de los mismos.
En la agenda nacional federada debe estar inscrita como prioridad una profunda reforma a la «Ley de coordinación fiscal», mediante la que se asignan recursos federales a las entidades en pro de una amplitud presupuestal para el ejercicio de su respectiva administración pública; que en la coyuntura de 2007 transitó de la aportación por el criterio de densidad poblacional en demérito de las que menos tienen.
Igual debe tenerse en cuenta las legislaciones que en el Estado de Derecho comprenden la vinculación a los «Derechos Humanos»; que conforme al texto constitucional federal debe regirse por la «progresividad», en el que se incluyen las libertades de pensamiento, expresión, libre tránsito, así como a la manifestación; además de la privacidad en su vida y a la propiedad.
La «obediencia ciega» debe ser acatada en la lógica de que «Democracia Representativa», valga la redundancia, represente los intereses de la «Democracia Participativa», la que para su infortunio carece de criterio para discernir entre lo normal y lo anormal sobre la vida pública en un México está alejado de los niveles formativos de los valores asociados a la educación.
En lo doméstico hay un marcado déficit reflejado en la prueba PISA que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico aplica a sus países miembros; el estudiante mexicano promedio de 15 años de edad carece de óptimas competencias matemáticas, lectura, y ciencias; la evaluación aplicada en 2022 lo ubicó en el sitio 51 de 81.
Las herramientas y aplicaciones tecnológicas en vez de ser complemento para un exponencial crecimiento en capacidades y competencias le ha venido a jugar en contra, dado por el déficit educativo. En fechas reciente el senador Alberto Anaya presentó una iniciativa de ley con proyecto de decreto para prohibir el uso de dispositivos móviles en los niveles de educación básica, primaria y secundaria.
La Ley de Educación debe ser objeto de una reforma integral que integre la obligación al profesorado para incorporar un rigoroso servicio profesional de carrera, así como poner el acento en los contenidos educativos con la premisa racional, comprensión y no un robotizado aprendizaje de memoria. En las décadas recientes el pilar del andamiaje se degradó a la ausencia del proceso enseñanza-aprendizaje.
Por lo contrario, la clase de quienes se asumen como políticos que igual evidencian una ignorancia del esencial objetivo, implicado el ejercicio de la política no hace, sino desprestigiarle; desconocen que ese «arte de lo posible» exige a conciliar el bien común desde la administración gubernamental a partir de políticas públicas estructurales, así como cabildear las reformas constitucionales y a las leyes que en la pertinencia hagan sentido con la armonía de vida pública, en el contexto de la «progresividad» de sus derechos humanos.
Quienes hoy ocupan una función en la administración pública o bien legislativa distraen del cumplimiento de su respectiva asignatura para placearse en búsqueda de escalar a otra posición para la siguiente elección de 2027; Estos personajes sin pudor alguno optan por hacer campaña anticipada que legalmente deben inhabilitarles de inicio al interior de su respectivo partido político en los procesos para designar candidaturas, y el INE de oficio debe consignar este tipo de ilegalidades, sustentado en los principios democráticos que le rigen. El órgano jurisdiccional tendría que ser consecuente y no asumir la denegación por una insensata postura obsequiosa.
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