"Me fui con lo que traía puesto. Ni siquiera me llevé los cuadernos de mis hijos. Tenía miedo de que él regresara con el machete. La patrulla tardó cuatro horas en llegar... y después me dijeron que no había lugar donde pudieran llevarme."
Así comienza la historia de Clara, una mujer originaria de Cunduacán que, como muchas otras en Tabasco, decidió huir antes de ser asesinada. No tuvo más opción que refugiarse en casa de una vecina, en el silencio de la noche y en la orfandad institucional.
Una realidad que duele en cifras
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tabasco ha registrado un total alarmante de 4,132 delitos contra la familia en lo que va del año. Esta categoría incluye casos de violencia familiar y situaciones que afectan gravemente la integridad de mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.
Los delitos contra la familia abarcan actos que atentan contra la seguridad, la integridad y los deberes dentro del núcleo familiar: desde la violencia doméstica hasta el abandono de menores o la omisión de pensiones alimenticias. Más allá de sus implicaciones legales, estas conductas tienen consecuencias sociales profundas y de largo alcance.
Sin embargo, las cifras no cuentan toda la historia: la mayoría de los casos ni siquiera se denuncian. Las mujeres callan por miedo, por desconfianza en las autoridades, por falta de opciones o por no tener un lugar seguro al cual acudir.
En un estado donde la violencia machista avanza tanto en las calles como en los hogares, la ausencia de refugios seguros para mujeres víctimas representa una deuda inaceptable del Estado. Actualmente, solo un refugio parcialmente activo opera en Villahermosa, mientras que las organizaciones civiles que intentan brindar atención lo hacen con recursos limitados y sin apoyo institucional sostenido.
Cuando el acceso a la justicia es una carrera de obstáculos
Como abogada y defensora de derechos humanos, he presenciado lo que Clara vivió: revictimización, omisiones institucionales y una burocracia insensible que le exige a una mujer golpeada que conserve la calma y consiga pruebas... antes de ser protegida.
Aunque México cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su implementación en Tabasco sigue siendo precaria. La falta de protocolos efectivos y de personal capacitado impide que las medidas de protección se otorguen con urgencia, como establece la ley. En algunos ministerios públicos, el personal aún duda o minimiza el testimonio de una víctima.
Además, el presupuesto destinado a prevenir la violencia de género es insuficiente y opaco. Mientras se multiplican los discursos oficiales, las mujeres siguen muriendo.
Voces que resisten
"Nosotras no solo queremos salvar a las mujeres; queremos que vivan con dignidad", dice Marisol, acompañante legal y emocional de víctimas. "El gobierno habla de ´igualdad sustantiva´ en eventos públicos, pero no destina recursos reales ni escucha a las mujeres que están en la primera línea."
Otra activista, de la zona indígena de Nacajuca, relata cómo las mujeres chontales enfrentan una violencia estructural doble: por ser mujeres y por ser indígenas.
"Muchas ni siquiera hablan español; no pueden denunciar, no entienden los procesos, y lo más grave: no hay traductoras ni defensoras comunitarias capacitadas."
La simulación mata
La justicia que tarda, duda o se esconde en trámites, es una forma más de violencia.
La falta de refugios en Tabasco no es una casualidad ni un olvido, sino el reflejo de un sistema que no prioriza la vida de las mujeres.
Que la esperanza no se apague
Clara y muchas otras siguen luchando. Algunas ya no están. Otras se levantan todos los días sabiendo que sus derechos existen, aunque aún no les sean garantizados.
Este artículo no es solo un llamado: es un acto de memoria, de justicia y de voz. Porque en Tabasco, ser mujer no debería ser una sentencia de miedo.