Por si la reforma judicial fuera poco, el sistema de justicia mexicano tiene un par de años avanzando en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a la par se han dado transformaciones socialmente relevantes a la Ley de Amparo con las últimas reformas que se le aprobaron. Todo ello ha provocado que las personas que se dedican directa o indirectamente en las labores relacionadas con la justicia lleguen a sentirse rebasadas. Estos cambios serán relevantes también para los primeros jueces electos que lleguen a sus cargos en septiembre, tal como lo son para la gente que requiere la impartición de justicia, especialmente donde más se le demanda, que es en el ámbito de la familia.
En Tabasco está previsto que el Código Nacional de Procedimientos entre en vigor a más tardar el primero de abril de 2027; para la transición, el Tribunal Superior de Justicia tiene una comisión implementadora del nuevo sistema que ha impartido capacitaciones. Sin embargo, el tema medular pasa por la infraestructura, pues se exigen salas para que se puedan desarrollar las audiencias orales, al estilo de las que se llevan a cabo en materia penal. Al menos en los juzgados de Méndez, en Villahermosa, el espacio está saturado y a la fecha no se conocen los proyectos (si es que los hay) de dónde se van a construir esas salas y cuánto le van a costar al erario. La comisión implementadora tiene su página, pero el público no puede consultar ahí los acuerdos de las sesiones. Nula transparencia.
La cuestión va más allá. El nuevo código señala que, en los juicios de alimentos, derechos de infantes y adolescentes, controversias familiares y violencia familiar, todos los días y horas son hábiles. Si esto puede suponer un reto para los abogados de las partes, o los despachos que lleven varios asuntos de ese tipo, para los juzgados de lo familiar implicará tener la capacidad de prestar el servicio 24/7, pues al ser la autoridad en la materia, concentra todos los juicios y todas las diligencias. A estas alturas, se puede cuestionar si la buena intención del legislador de aprobar esa disposición se corresponde con la capacidad de los juzgados para llevarla a cabo, lo cierto es que poco o nada se habla al respecto. Si no se amplía con más personal capacitado para poder prestar el servicio tal como lo exige la ley, si no se reconoce la necesidad de abrir más juzgados de lo familiar, el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares corre el riesgo de quedar en letra muerta.
Por otra parte, la reforma de marzo pasado a la Ley de Amparo la cambió de modo que se eliminan los efectos generales del amparo contra leyes. Fue este mecanismo el que permitió el litigio estratégico que ha hecho posible avances que a los fanáticos religiosos y conservadores no les gustan, como la despenalización del aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero también había permitido la protección contra omisiones legislativas relevantes, como la declaratoria especial de ausencia en casos de personas desaparecidas en el estado de Michoacán (Amparo en revisión 439/2023). Era un mecanismo que permitió echar abajo la reforma energética de 2024, que trató de ser usado por las empresas en contra de la obligación del etiquetado frontal (sin éxito), y que permitía que se impugnaran normas en casos concretos, con beneficios para toda la población. Ahora, si llegara a aprobarse una norma, por ejemplo, fiscal, que fuera excesiva o abiertamente discriminatoria, los amparos no tendrán efectos generales sino que se obliga a cada ciudadano perjudicado a tramitar el suyo (si es que puede). Además de representar un retroceso, esto no ayuda a desahogar de trabajo a los juzgados.
Estos temas, que para la mayoría de la población pueden parecer lejanos o aptos sólo para abogados o especialistas, ahora forman parte del conocimiento común que los ciudadanos deben tener. Si los que van a elegir a los jueces desconocen absolutamente de derecho, ¿cómo van a saber distinguir si hacen o no bien su trabajo? No se trata de que cada mexicano sea doctor en derecho, pero sí de que cierta cultura jurídica fundamental permee. Tal como pasa con la medicina, en la que un ciudadano común no sabrá hacer una cirugía o tratar un cáncer, pero sí sabemos todos (aunque no hagamos caso) que para estar sanos es necesario comer frutas y verduras todos los días, hacer ejercicio, evitar los refrescos y los excesos de grasa y sal. Lo relevante para ciudadano hoy es que hay muchos cambios en la impartición de justicia, cambios de los que vale la pena conocer, al menos, para estar en condiciones de distinguir a quién le corresponde qué.