El 12 de julio fue día del abogado, una profesión sobre la que corren chistes tales como que son como los plátanos, porque todos son chuecos. Dichos populares señalan que los buenos abogados conocen la ley, pero los grandes abogados conocen a los jueces, etcétera. A los jueces y a los fiscales no les va mejor en la opinión popular, eso es una realidad que explica en parte que la reforma judicial haya sido posible.
Todos ellos comparten el destino común de jugar un papel en juicio, cada uno con responsabilidades distintas. Grandes responsabilidades, pues, en general, deben procurar que se garanticen los derechos humanos, más allá de las particularidades técnicas, los ideales de la justicia y el bien común. Por desgracia, estos ideales terminan olvidados o enlodados en muchos de los casos, donde prevalecen formalismos, inercias anticuadas, una saturación incompatible con la justicia pronta, o bien, porque los expedientes se traban con intereses personales que no deberían tener lugar.
Esto es común a lo largo y ancho de la República, a pesar de los esfuerzos institucionales que se han hecho y de las reformas que se han impulsado en los últimos quince años para transformar la justicia en nuestro país. En este momento hay varias reformas en curso, o que entrarán en vigor próximamente, aunque existe la duda de si son la respuesta que necesitan los mexicanos para tener Justicia con mayúsculas, accesible y realmente pronta.
A pesar de las dudas o resistencias, la realidad es que todos, abogados, jueces, fiscales, defensores, etcétera, todos los operadores del sistema de justicia deben estar actualizándose en diversas materias, aunque no sean especialistas. En amparo, por ejemplo, hubo cambios importantes, no tanto en la tramitación como en algunos supuestos específicos, como la eliminación de sus efectos generales en los casos de inconstitucionalidad de normas generales. Una reforma que tuvo su origen en la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma eléctrica de la administración pasada, que provocó que la redacción de la ley proteja a la administración pública pero obligue a cada ciudadano afectado por una ley inconstitucional a tramitar su propio juicio de amparo, cuando antes la declaratoria de inconstitucionalidad provocaba unos efectos generales que beneficiaban (o afectaban) a todos.
Más complejos son los cambios con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues, aunque algunos profesionales no se dediquen a esas materias, este ordenamiento se usará de manera supletoria en lugar del Código de Procedimientos Civiles, que fue abrogado. Esto quiere decir que puede tener que aplicarse en casos que no estén previstos en diversas leyes, por ejemplo, algunas situaciones no previstas en la ley de amparo o en procedimientos administrativos tanto federales como estatales. Por no hablar de la oralidad, los derechos de las personas con discapacidad, los ajustes razonables a los procedimientos cuando se requieran o los derechos de las infancias.
También en lo penal vendrán reformas al Código Nacional de Procedimientos y a la ley en materia de Delincuencia Organizada; si se aprueba la propuesta en el sentido de los jueces sin rostro, que aplicaría en esos casos, seguramente habrá una oleada de recursos y defensas que llegarán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que esa figura se considera violatoria de derechos humanos. Hay otras modificaciones en cuanto a las notificaciones de manera digital para que la fiscalía tenga edictos en línea, entre otras cuestiones en las que habrá que actualizarse. La reforma plantea, también, ajustes a las obligaciones de los ministerios públicos para garantizar objetividad y debida diligencia, se busca que impulsen la investigación, no que queden las carpetas abandonadas.
Algunos de estos cambios son polémicos, otros vienen desde la genuina intención de mejorar el acceso a la justicia. La cuestión de fondo es que, sin la inversión de recursos, difícilmente se podrán reducir los cerros de expedientes apilados unos sobre otros. Se requieren más juzgados, más personal, incluso habilitar más turnos en algunos casos. Todo eso cuesta y es necesario. Habiendo invertido ya 7 mil millones de pesos sólo en la elección judicial, la inversión en infraestructura y personal no debería ser inferior. Los abogados deben estar muy pendientes de todos estos temas. Los ciudadanos, también.