Está corriendo la cuenta regresiva para uno de los mayores desafíos derivados de la reforma judicial: que el nuevo Órgano de Administración Judicial, el Tribunal de Disciplina y los juzgadores electos entre en funciones de tal modo que el acceso a la justicia no se vea afectado. El asunto no se vislumbra tan fácil como resultó aprobar la reforma.
Hace unos días fue nota nacional que la jueza electa Delia Quiroa manifestó su urgencia de conocer a qué juzgado será adscrita, para poder resolver a tiempo sobre la escuela de sus hijos. Más pronto que tarde le hicieron saber a la jueza electa lo que ya debía saber, si hubiese estudiado más a fondo la reforma judicial que le permitió contender al cargo que ganó: la adscripción la hará el nuevo Órgano de Administración Judicial.
Y es que la reforma tiene varios cambios bastante menos conocidos que la elección directa de jueces, magistrados y ministros: desaparece el Consejo de la Judicatura Federal, cuyas funciones divide, de manera a veces nada clara, entre el Órgano de Administración Judicial que entrará en funciones el primero de septiembre y el Tribunal de Disciplina Judicial. No pueden el Consejo de la Judicatura Federal ni el consejo general del INE responder a la jueza, ni a ninguna otra persona juzgadora electa, sobre cuál será su adscripción definitiva porque eso lo tendrá que definir el nuevo órgano. Una de sus primeras y principales tareas, aunque, por desgracia, no será la más urgente.
Porque a estas alturas, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ni siquiera saben quién o cuándo les pagará la primera quincena de septiembre. O la segunda, o las que sigan hasta que se establezca el debido orden administrativo. Quedan en el limbo, también, muchos otros aspectos cotidianos, críticos para la impartición de justicia: el mantenimiento, actualización y operación del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), todo el portal de servicios en línea, pilar de la la justicia digital federal que ha venido funcionando y que no debe dejar de operar. Habrá que resolver con urgencia sobre servicios que funcionan bajo contrato mensual o anual para contar con fotocopias, impresoras, escáneres, pagar la luz, el internet, un sinfín de cuestiones adminsitrativas que implican un detalle fino, siempre necesario. El equivalente a tener insumos médicos en los hospitales.
El escenario temido es que todo esto se tarde demasiado, que resolver las condiciones materiales y jurídicas de los órganos de justicia en que habrá relevos sea tan lento que entorpezca todavía más el de por sí saturado sistema. O que se haga de forma atropellada, cometiendo errores que resulten en lo mismo. Esto se verá, como decíamos, en el mes de septiembre. Esperemos que la entrega-recepción se lleve de la mejor forma, por el bien de los ciudadanos que tienen iniciados procesos judiciales.
Hay otros temas de fondo que preocupan a quienes se desempeñan en el ámbito de la impartición de justicia. Por una parte, el Tribunal de Disciplina evaluará a los juzgadores, por otra, el propio órgano de administración también lo hará. El problema es que se lee esta doble evaluación como un mecanismo de control político, más que de control de calidad. Por desgracia, todas las métricas de evaluación tienden a ser cuantitativas: cuántos asuntos despachados, cuántas sentencias. No se ha desarrollado una metodología para evaluar la calidad de la justicia impartida. Estamos muy lejos de eso todavía, pero como ciudadanos merecemos y debemos exigir que se califique la justicia por su calidad más que por su cantidad.
La cuestión de la evaluación de la calidad es especialmente sensible cuando, contra la disposición de la Constitución y la reforma, se permitió pasar a candidatos electos aún cuando no cumplían la formalidad del requisito de tener ocho de promedio en la licenciatura y nueve en la materia de la especialidad. Mal antecedente si son tan laxos los controles de evaluación, además, porque los juzgadores que no pasen su primera evaluación del Tribunal de Disciplina tendrán derecho a una más. Ya hubiéramos querido muchos de nosotros, como estudiantes, que nuestros profesores fueran tan generosos. Mientras tanto, estemos pendientes de la primera prueba de fuego de la implementación de la reforma.