Una tecnología nacida para enfrentar la guerra se volvió tan necesaria en medio siglo que se le considera un derecho en muchos países, incluido México. Arpanet, una herramienta de comunicación militar capaz de resistir ataques nucleares en el contexto de la Guerra Fría, dio lugar al Internet de hoy, ese que ha impulsado la productividad y la economía, contribuido a crear tantos nuevos trabajos, que ha revolucionado la educación y que nos permitió sobrellevar la pandemia de coronavirus al permitir que las actividades que no se podían realizar de modo presencial se pudieran hacer en línea.
Hace años Internet dejó de ser una novedad para ser una necesidad. Se requiere para todo: consultar información, inscribirse, tomar clases, comprar boletos de viaje, trabajar, vender, comprar, darse de alta en un programa del gobierno, etcétera. En nuestro mundo, tener una cuenta de correo electrónico y acceso a Internet es casi tan indispensable como el agua. Por eso es cada vez más urgente atender la brecha que separa a los que tienen acceso a estas herramientas de los que no.
La llamada "brecha digital" es un concepto que tiene diversos matices y cierto grado de complejidad, dependiendo del contexto. Hasta hace poco, el mayor impedimento era económico, por carecer de un dispositivo para conectarse. Las computadoras son algo que no todos pueden comprar. Por fortuna, la democratización de los teléfonos "inteligentes" o, más bien, capaces de conectarse a Internet, ha eliminado buena parte de esa brecha. Casi cualquier persona puede tener uno, aunque sea muy sencillo.
El siguiente obstáculo es el servicio de acceso a Internet. Muchos solucionan el asunto contratando con sus compañías de teléfono, de celular o de casa, o bien, con la compañía de cable que les provee también el servicio de entretenimiento en sus televisiones (que también deben estar conectados a la red). Esa brecha se ha reducido a medida que hay mayor infraestructura, pero los precios todavía no son tan bajos como para permitir que todos tengan Internet disponible.
En México, el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un derecho que garantiza el artículo sexto constitucional, desde 2013. Es deber de las autoridades regular las políticas de competencia en materia de telecomunicaciones, para que haya más infraestructura del servicio y precios accesibles. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la política se llamó "México Conectado" e incluyó algunos puntos de conexión gratuita en todo el país, equipos disponibles al público, talleres y cursos para combatir el otro problema de acceso: la falta de conocimiento o habilidades tecnológicas. En el sexenio de Claudia Sheinbaum, destaca el programa CFE Internet para todos, que ofrece la posibilidad de adquirir una tarjeta SIM para que el celular tenga internet desde 3 gigabites durante siete días por 50 pesos hasta paquetes de 40 gigas al mes que permite compartir el internet a otros dispositivos, por 2450 pesos.
Todo esto, para satisfacer la necesidad de acceso a Internet, cuya necesidad sólo irá incrementando con el tiempo, lo que supondrá una brecha en el desarrollo cada vez más grande entre quienes tienen acceso y quienes no. Dejemos de lado la tendencia de muchos aparatos, como las televisiones, que no pueden usarse o instalarse correctamente si no tienen acceso a la red; Internet es hoy una fundamental vía de acceso a importantes recursos de educación y trabajo, que pronto será indispensable para acceder también a servicios de impartición de justicia, e incluso, de salud.
Junto con los desafíos para acortar la brecha digital vienen los de enfrentar los riesgos de Internet, también crecientes: ciberacoso, robo de identidad, extorsión, bullying, problemas de adicción al consumo de contenidos en redes, discursos de odio. Es necesario adaptar nuestro sistema regulatorio con mayor eficacia y velocidad porque, pese a todo lo malo, Internet es la herramienta indispensable de nuestro tiempo, pilar del sistema económico tal como lo conocemos.
La consolidación del acceso a Internet como derecho nos lleva a la necesidad de educar mejor en su uso e implicaciones, abundar en conceptos, más allá de la brecha digital, la protección de datos personales, la neutralidad de la red y otros, para que los ciudadanos estemos en mejor posición de proteger nuestros derechos, todos los que puedan estar vinculados al uso de la súper carretera de la información.