Impulsar una Reforma Política Electoral en la sinrazón de los tiempos y circunstancias que le tiene en una convulsiva correlación de la gobernabilidad podría representar un daño gravoso al entramado democrático vigente; cuando el punto de inflexión para gestionarla debió corresponderle a la anterior Legislatura de la Cámara de Diputados Federal del Congreso de la Unión y no a la actual. Sólo entre el uno de septiembre de 2018 y el 30 de abril de 2019 se presentaron 63 iniciativas con proyecto de decreto y en el Senado hubo otras 68, ahogadas todas ante una evidente incompetencia.
Si el Régimen Legislativo anterior aun teniendo una coaligada mayoría calificada no tuvo el oficio para procesar las 131 iniciativas en materia entre bancadas opositoras, que derivara en una minuta; aún menos podrá concretarse ahora que el senador Ricardo Monreal presentó la misma iniciativa que en esencia formuló en marzo de 2019 el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, ambos del mismo partido político.
Para que pueda trascender una Reforma Política Electoral tendrá que ser en la coherente sensatez de las bancadas partidistas orientada a modificar lo que deba y no destruir todo el andamiaje, en el que quienes hoy dominan también contribuyeron cuando fueron oposición.
Una Reforma que debe tomar en cuenta y plasmar el provecho de un parlamento abierto en que tengan participación todos quienes conocedores sobre el tema, sobre el análisis del marco constitucional y a leyes secundarias, hallando las áreas de oportunidades en pro de un andamiaje genuinamente democrático y no se limite a eliminar 100 diputaciones, que ha sido la retórica en la coyuntura de los tres gobiernos anteriores.
Hay asignaturas sustantivas como elevar el umbral mínimo de votación que obligue a partidos a ser competitivos en armonía con exigente calidad de la democracia, que sean opciones de gobierno; así como las candidaturas independientes exclusivas para la sociedad civil que emerjan como opción entre el colectivo social, cerrando este espacio a quienes tienen antecedente de haber participado del gobierno, estableciendo condiciones también de un equilibrio.
Sería un retroceso pretender la desaparición de un Sistema Nacional de Elecciones constituido con la Reforma del 10 de febrero de 2014 que ha probado la elemental eficacia.
Con el marco legal actual se llevaron a cabo las tres elecciones federales y la concurrencia local en las 32 entidades este 2021; y también la que hubo en 2018 cuando se renovó la Presidencia de la República que le favoreció al régimen actual con 30 millones de votos, el 53.16 por ciento de los emitidos libremente. Una decisión ciudadana que optó por una tercera alternancia.
No halla sentido de lógica que una estructura electoral autónoma que ha cumplido con su rol de organizar una función púbica constitucional con eficacia, incomprensible porque todas las fuerzas partidistas trabajaron para que justo el entramado democrático fuera tan robusto y con los argumentos para sancionar, siendo que se rige por los principios certeza y legalidad, además de imparcialidad, independencia, objetividad, y muy importante la máxima publicidad en cada uno de sus actos.
En primera instancia el actual marco legal en el proceso de transformación de gran calado le quitó a los congresos locales y ejecutivos el amaño de una apariencia para repartirse por cuotas la integración del arbitro electoral, teniendo injerencia en las decisiones sobre una función tan delicada como trascendental en la vida pública del colectivo social y sus gobernantes.
Conferir la facultad exclusiva al Instituto Nacional Electoral fue lo más sensato para que esta instancia por convocatoria pública designe a los perfiles idóneos y no a modo de intereses partidistas al árbitro electoral en las 32 entidades estatales, asegurándose de que cumplan con sus encargo al reglamentarle en su vida interna. No se mandan solos cuando el propio INE tiene la autoridad para removerlos.
Habría que recordar que en febrero de 2016 tres consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Chiapas fueron depuestos, al incurrir en actos de "gravedad extrema" en la integración del listado nominal para la elección del diputado migrante y en la vigencia de la equidad de género en el registro de candidaturas.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, en el medio de impugnación recurrido se pronunció por retirar del cargo a los siete integrantes del Consejo Estatal del Organismo Público Local de Chiapas.
En el contexto del reciente proceso electoral concurrente para renovar 15 gubernaturas la autoridad rectora del Sistema Nacional de Elecciones asumió su atribución de hacer válido el precepto constitucional para que los partidos se limitaran a una sobrerrepresentación de ocho puntos porcentuales en la integración de diputaciones en los Congresos de la Unión y Locales, la misma dada por voluntad popular.
Además canceló las candidaturas al cargo de la gubernatura de Guerrero y Michoacán entre las 64 por el pequeño gran detalle de omitir el reporte de sus gastos de precampaña a que están obligados, con la transparencia del origen y destino de un financiamiento lícito y/o ilegal.
Para nada le ha caído en gracia a partidos, pero aún menos al régimen de gobierno la observancia del marco constitucional electoral que echa abajo toda actitud antidemocrática. Una frustración que ha calado al grado de amenazar con llevar a juicio político a los consejeros por cumplir con su convicción demócrata.
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