Diputados locales y funcionarios estatales alistan demandas ante la Secretaría de la Función Pública, para que se hagan revisiones en las adjudicaciones directas en obras hechas en la pasada administración.
Así también se busca delegar responsabilidades respecto a los adeudos financieros en cuanto a arrendamientos heredados por el gobierno de Arturo Núñez Jiménez en la Sernapam, donde dejaron una deuda de más de 12 millones de pesos. Cabe mencionar que a esto se han sumado sectores como la Confederación Nacional Campesina (CNC), que también pide indagar sobre los recursos que se hayan otorgado a otros sectores productivos, además del ganadero.
Dentro de la sesión en el Congreso del Estado de Tabasco, la diputada Katia Ornelas Gil solicitó a la Secretaría de la Función Pública y al titular del Órgano Superior de Fiscalización en el Estado (OSFE) hagan una auditoría sobre las adjudicaciones directas por alrededor de 106 millones de pesos hechas en la pasada administración en materia de obras para la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) en el 2018.
Las empresas beneficiadas fueron: “Constructora Veasa S.A de C.V” con 39 millones 755 mil 580 pesos con 84 centavos; C.Priscila Marisol Gómez Rincón con 14 millones 447 mil 441 pesos con 78 centavos; Multiservicios RYC, S.A de C.V con 18 millones 266 mil 197 pesos con 98 centavos; “Acuitab, S.A de C.V, con 18 millones 500 mil 786 pesos con 36 centavos; Ingeniería Especializada El Jaguar S.A de C.V, con 13 millones 248 mil 19 pesos con 13 centavos. Refirió que en el caso que presentó en la tribuna tabasqueña deriva de la autorización de recursos adicionales a la CEAS, mediante oficio número SPF/AL1699/2018 de fecha 29 de Junio del año 2018, signado por el entonces titular de la otrora Secretaría de Planeación y Finanzas de la administración estatal anterior por un monto de 106 millones 780 mil 713 pesos provenientes del Ramo 23.
“Para el rubro de obras, recursos que fueron destinados para la realización de diversas acciones de rehabilitación de toma de plantas potabilizadoras, cuya ejecución por ley y normatividad debían ser objeto de una licitación pública, a fin de asegurar su absoluta transparencia, así como la libre competencia de quienes estuvieran interesados en la realización de estas obras, siendo también que este procedimiento, resulta ser la forma idónea de allegar a la instancia gubernamental que ejerce los recursos, de las diferentes opciones”, sostuvo.
Indicó, que por lo que un mes después de la autorización de dichos recursos para ser ejercidos por el CEAS, el día 30 del mes de julio, “las obras a realizar fueron adjudicadas de manera directa sin sustento o fundamento alguno, y un día después, el día 31, se procedió a la firma de contratos con las empresas designadas, con lo cual se violentó flagramente la ley y por ende se presume, que los procedimientos realizados para el logro de tal fin, resultan total y absolutamente irregulares”.
Con ello, hizo mención que la Secretaría de la Función Pública recomienda enfáticamente, no utilizar el procedimiento de adjudicación directa, sino para aquellas circunstancias excepcionales en las que la licitación pública no resulte adecuada o viable, “por ejemplo, si hay una necesidad urgente como casos fortuitos o de fuerza mayor cuando se requiera la confidencialidad, porque se involucra la defensa o seguridad del Estado, o sólo si hay un posible vendedor, para estos supuestos existen al menos dos métodos alternativos de contratación pública: la licitación o invitación restringida a un número específico de proveedores o contratistas y como última instancia la adjudicación directa”.
Agregó también, que los trabajos supuestamente ejecutados por las empresas contratadas, tuvieron como fecha de inicio el día primero de agosto de 2018, pero sorpresivamente fueron pagados en su totalidad al mes inmediato posterior, lo cual ocurrió, el día 10 de noviembre por la Secretaria de Planeación y Finanzas, situación que pone en total duda la ejecución de los trabajos objeto de la celebración de los contratos, ya que no existen elementos ni soporte alguno que permita corroborar su efectiva realización.
En ese sentido, la legisladora priista dijo que no se configura ninguno de los supuestos a razón de que las obras hayan sido asignadas de forma directa enunciados en los artículos 38 y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y siendo que el único supuesto que podría motivar lo anterior fuera un caso fortuito o de fuerza mayor como guna declaratoria de emergencia, la única existente en la entidad publicada en el Diario oficial de la Federación, es de fecha 15 de septiembre del año 2018, es decir 2 meses posterior a las asignaciones, por lo que no resulta aplicable.
La legisladora expresó que el saqueo a Tabasco cometido en el pasado, “no debe quedar impune”, por lo que este gobierno está obligado a honrar su palabra y a cumplir con lo prometido y por lo cual no se deber tolerar “ningún acto de corrupción, ni de desvío de recursos, que pudieran cometerse durante el tiempo que dura su gestión”.