Así se ve envuelto EPN en el caso Rosario Robles

Peña Nieto ha sido implicado con el arresto de la ex ministra durante su administración

El Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), sobre el que planean numerosos casos de corrupción, recibió este martes su primer gran revés judicial con la prisión preventiva impuesta a la exministra Rosario Robles, acusada de tolerar un ingente desvío de recursos públicos.

Un juez mexicano decidió someter a proceso a Robles e imponerle prisión preventiva de dos meses en un penal de la Ciudad de México mientras se la investiga después de que la Fiscalía mexicana la acusara de permitir el desvío de 5 mil millones de pesos (unos 255,6 millones de dólares).

La audiencia judicial comenzó la semana pasada y se retomó este lunes sobre las 16.00 hora local (21.00 GMT), pero el juez no procesó a la exministra hasta las 06.00 hora local de este martes (11.00 GMT).

El juez Felipe de Jesús Delgadillo decidió celebrar otra audiencia en dos meses, tiempo que Robles pasará en la prisión de Santa Martha Acatitla, para que la Fiscalía aporte pruebas suficientes y los abogados de la exministra preparen su defensa.

Delgadillo argumentó la prisión preventiva por el riesgo de fuga de Robles, aunque la exministra había sostenido que no disponía de recursos para huir del país.

Tras la decisión del juez, los abogados de Robles defendieron ante la prensa la inocencia de la exministra y calificaron el proceso judicial en su contra de persecución política.

"Estamos ante una persecución, ante una presa política", declaró el abogado Julio Hernández, quien expresó su "decepción" por la decisión "arbitraria e injusta" del juez.

Estafa Maestra en sexenio de Peña Nieto

La investigación contra Robles se enmarca dentro del caso de La Estafa Maestra, una trama de desvío de dinero destapada en 2017 por el portal Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Varios ministerios del Gobierno de Peña Nieto habrían hecho desaparecer recursos por un valor de 7.670 millones de pesos (unos 403 millones de dólares) entre 2013 y 2014 a través de una triangulación con universidades públicas y empresas fantasma.