Sheinbaum aclara: cancelación de permisos a organizaciones no es decisión política

Sheinbaum enfatiza que el cumplimiento de la ley fiscal recae en el SAT, destacando la autonomía en las decisiones y el papel del gobierno en la orientación general

"NO ES DECISIÓN POLÍTICA"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió este martes que la cancelación de permisos a organizaciones de la sociedad civil para operar como donatarias autorizadas "no es una decisión política", sino el resultado de evaluaciones técnicas realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

  • La mandataria rechazó la idea de que el gobierno federal esté dirigiendo un proceso de sanción selectiva contra ciertas organizaciones críticas.

Señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

"FUE UN ANÁLISIS TÉCNICO DEL SAT"

La presidenta aseguró que, en muchos casos, ni siquiera conocía el nombre de esas organizaciones, y que los cambios en su estatus de donatarias no requieren su aprobación específica:

Afirmó.

Refiriéndose a la organización Mexicanos contra la Corrupción, Sheinbaum recordó que el mismo tipo de proceso —por recibir dinero del extranjero— ya había llevado a la pérdida de la condición de donataria en la administración de Andrés Manuel López Obrador:

Sobre las cerca de 300 organizaciones que se han mencionado, la mandataria subrayó que tampoco supervisó esa lista de forma personal:

ORIENTACIÓN GENERAL, PERO CUMPLIMIENTO DE LA LEY A CARGO DEL SAT

Sheinbaum explicó que el gobierno fija orientaciones y políticas generales, pero que el cumplimiento de la ley en materia fiscal corresponde a las dependencias de manera autónoma. Sobre el caso de las donatarias, la jefa del Ejecutivo consideró que el SAT debe emitir un comunicado técnico para aclarar los criterios de la cancelación:

La cancelación de la condición de donatarias significa que, aunque las organizaciones pueden seguir operando, las donaciones que reciben ya no son deducibles de impuestos, lo que reduce un incentivo importante para sus donantes.

El gobierno insiste en que el SAT basa sus decisiones en el incumplimiento de requisitos fiscales (omisiones en reportes, falta de documentación o inconsistencias contables), y no en el perfil político o crítico de la ONG, pero el proceso continúa rodeado de cuestionamientos por parte de la sociedad civil y de organismos internacionales.