La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno de México rechazará la solicitud de detención con fines de extradición presentada desde Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios, si las autoridades estadounidenses no entregan pruebas que acrediten vínculos con la delincuencia organizada.
En la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum indicó que hasta ahora no se han recibido ni las pruebas que sostendrían las acusaciones ni la documentación formal de las solicitudes de detención con fines de extradición.
Dijo la mandataria.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, añadió que ni Rocha Moya ni los otros exfuncionarios solicitaron medidas de protección al gobierno federal, ni éstas les fueron ofrecidas por el gabinete.
- García Harfuch precisó que el gobernador con licencia cuenta con escoltas del gobierno o de la fiscalía estatales, según lo informado por autoridades locales.
Sheinbaum explicó que, además de la vía de detención urgente, Estados Unidos puede recurrir al procedimiento de extradición dentro de un proceso judicial, el cual requeriría también la presentación de pruebas suficientes. Señaló que mecanismos similares se siguen en ambos sentidos: México también exige documentación probatoria cuando solicita detenciones o extradiciones a Estados Unidos.
Como antecedente, la presidenta mencionó el caso del exgobernador de Tamaulipas, donde, según dijo, se planteó una petición de detención urgente con fines de extradición y la respuesta fue que no había pruebas suficientes por parte del Departamento de Justicia.
Añadió, apuntando a múltiples expedientes en los que, a su juicio, se ha requerido mayor sustento documental.
Sobre tiempos, Sheinbaum subrayó que no existe un plazo establecido para la entrega de los documentos relacionados con la solicitud de detención de Rocha Moya y otros exfuncionarios de Sinaloa, y reiteró que hasta la fecha no han sido presentados ni los expedientes ni las pruebas de las acusaciones.
- El señalamiento presidencial ocurre en paralelo con las investigaciones que, dijo, realiza la Fiscalía General de la República en el país.
La postura oficial apunta a condicionar la aceptación de medidas urgentes de detención a la recepción de evidencia por parte de la autoridad extranjera, y a enfatizar la necesidad de procesos formales y probatorios en cualquier trámite de extradición.