El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma al artículo 73 de la Constitución, que otorga al Congreso de la Unión la facultad de crear una ley general para combatir la extorsión de manera integral.
Con 106 votos a favor y ninguno en contra, la minuta fue enviada a los congresos estatales, donde se espera una rápida aprobación.
- Morena destacó que esta legislación permitirá unificar criterios y cerrar vacíos legales.
Por su parte, legisladores de la oposición coincidieron en la urgencia de que, además de la nueva norma, las autoridades de los tres niveles de gobierno actúen eficazmente para frenar este delito, cuyas modalidades y frecuencia han ido en aumento en todo el país.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que esta reforma —impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum— busca establecer un marco legal homogéneo, que permita coordinar esfuerzos entre los niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la extorsión.
Cantón subrayó que este delito afecta a todo México y ha crecido debido a la impunidad y a la falta de denuncias, provocadas por el miedo y la desconfianza en las autoridades, algunas de las cuales estarían coludidas con grupos criminales.
Dijo que la extorsión impacta profundamente en la vida de las personas, las familias y las comunidades, además de obstaculizar la actividad económica.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña, calificó la extorsión como una amenaza diaria que afecta la paz, el patrimonio y la integridad de millones de ciudadanos.
Citó cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública que indican un incremento del 57 % en este delito en los últimos seis años. El INEGI, por su parte, reportó que en 2023 la extorsión fue el delito más común contra negocios, con pérdidas superiores a los 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51 % del PIB.
Además, se destacó la disparidad en las penas estatales: mientras en Chihuahua la sanción por extorsión puede alcanzar hasta 30 años de prisión, en Oaxaca apenas llega a tres años. Esta falta de uniformidad legal debilita el sistema de justicia y facilita la impunidad, señalaron los legisladores.
La reforma permitirá crear una ley general que defina el tipo penal de extorsión, sus agravantes, delitos relacionados y sanciones aplicables en todo el territorio nacional.
Durante el debate, senadores de distintas bancadas expusieron casos concretos: desde la extorsión a productores agrícolas como aguacateros y limoneros, hasta situaciones más graves como la existencia de supuestos sindicatos dedicados al cobro de piso, como denunció la senadora Claudia Anaya en Zacatecas.
Por su parte, la senadora panista Verónica Rodríguez advirtió que aún falta legislar las normas secundarias y, sobre todo, actuar de manera decidida.
Mencionó que, según datos de la Coparmex, en el primer semestre del año se registraron casi 5,900 víctimas de extorsión, la cifra más alta desde que se tiene registro, con un aumento del 83 % en la última década.